Distribución de la riqueza | Ficha de trabajo Nº 6

FICHA DE TRABAJO Nº 6
Extractos de cuaderno de trabajo sobre TIERRA

Fuente: Amuyen - Espacio de Organizaciones Sociales / Programa Mercosur Social y Solidario / www.espacioamuyen.org.ar/distribucion

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TIERRA Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Fotografía: Grupo MiradaPhoto

MÁS SOBERANÍA / MÁS DESARROLLO / MÁS DISTRIBUCIÓN

NECESIDAD PARA LA SOCIEDAD

Con la devaluación del 2002, se manifestó, con más fuerza todavía, la importancia del campo argentino para el desarrollo. Pensar y hacer viable un proyecto de país para las mayorías populares nos lleva necesariamente a preguntarnos qué hacer con la problemática de la tierra en Argentina.
No sólo qué hacer con el campo: qué hacer con los recursos naturales, qué hacer con los alimentos, qué hacer con la industria, qué hacer con el perfil productivo, qué hacer con las políticas públicas en general.
Una reforma agraria integral es una necesidad de la sociedad porque el modelo de desarrollo que tenemos en Argentina ha generado pobreza, indigencia y exclusión.

EXIGENCIA PARA EL ESTADO

Una reforma agraria integral requiere replantear el papel del Estado democrático. Sobre todo en una sociedad en la cual la economía se vio afectada por la reducción del aparato público, la retirada de la inversión productiva para pequeños productores y la eliminación de mecanismos de regulación del mercado.
Es necesario un Estado democrático y de derecho, que haga efectiva la justicia y el pleno respeto de los derechos humanos, eliminando las desigualdades de nuestra sociedad; y enfatizando en la lucha contra la marginación y exclusión, especialmente de la mujer y de los pueblos campesinos e indígenas.
Una reforma agraria integral es una exigencia para el estado y tiene en su corazón un conjunto de políticas distributivas y políticas de reconocimiento. Tiene como eje la soberanía alimentaria y debe partir de:

• El derecho a la tierra.
• El derecho a vivir dignamente en ella -se necesitan herramientas y políticas necesarias para poder hacerlo-.
• El derecho a tener los servicios necesarios para vivir (caminos, salud, educación, luz, agua).
• Seguridad social para los campesinos.
• Mercados y leyes para poder comercializar lo producido.
• Producción de semillas propias. El derecho a producir los propios alimentos, ecológica y culturalmente apropiados. Defender el derecho a una alimentación sana para todos y todas.

En torno a esos principios, el Estado debe garantizar políticas públicas para el desarrollo que distribuyan y democraticen la tierra, los recursos y las posibilidades de producción.

El estado debe ponerle límite a la concentración de tierras y buscar formas de redistribuirla para favorecer el regreso de las familias al campo. El estado debe financiar a los pequeños y medianos productores, generando políticas promocionales para cada actividad.
Son necesarias, políticas para el acceso a la tierra y al agua (potable y para riego); la recuperación de la agricultura familiar y la siembra, cultivo y protección de semillas nativas y criollas; el acceso a una salud y una educación de calidad; la protección de lo derechos laborales y el acceso a la previsión social en el campo; el trazado de caminos y la democratización de medios de comunicación; el acceso a la energía y el desarrollo de
energías no renovables; el reconocimiento de comunidades campesinas e indígenas por parte de la justicia; la diversidad cultural de los pueblos.
El estado debe ser garante de estas y otras políticas abriendo espacios para participación de sectores
campesinos e indígenas en el diseño, ejecución y control de las mismas.

DESAFÍO PARA LAS ORGANIZACIONES

¿Ante qué tipo de desafío se encuentran las organizaciones sociales?
La cuestión de la tierra en Argentina no se trata sólo de un problema de las organizaciones campesinas e indígenas, del mismo modo en que no se trata de una problemática que atañe sólo al campo y lo rural.
No se trata sólo de un problema económico, pero tampoco es sólo un problema de revalorización de la cultura y recuperación de la identidad de los sectores campesinos e indígenas. Con plantearlo desde ahí no alcanza.
Es un desafío político que implica reconocer los procesos históricos y los conflictos que atraviesan la cuestión. Implica preguntarse por la capacidad de las organizaciones sociales de incidir en la agenda pública. Preguntarse también cómo pararse frente al Estado como actor y como espacio de disputa.
La reforma agraria integral y la soberanía alimentaria desafían a las organizaciones sociales a trabajar juntas en la elaboración de propuestas coherentes y con contenido político, no sectorial. Al mismo tiempo, a no perder la capacidad de movilización y discusión para sostener esas propuestas.
Conlleva además, la construcción de articulaciones y el reconocimiento de las propias posibilidades y –sobre todo- de los propios límites para la acción política. Es necesario ver, además, cómo interpela el problema de la distribución de la riqueza a otras luchas y marca la cancha para la formación de nuevos actores políticos: ir de la demanda a la propuesta, de la fragmentación a la articulación, de lo sectorial a lo político.

HORIZONTE PARA LA INTEGRACIÓN

América Latina tiene en su memoria histórica distintas experiencias de reforma agraria. Es importante recuperar esas luchas y conquistas como eje orientador. El reconocimiento del carácter regional de la problemática nos interpela a la búsqueda de soluciones conjuntas.

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PRÓXIMA ENTREGA:
LUNES 14 DE MAYO
EQUIDAD DE GÉNERO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA