24 marzo 2007

A 31 años del golpe de Estado de 1976

ES TIEMPO DE JUSTICIA
ES TIEMPO DE DISTRIBUCIÓN


ES TIEMPO DE JUSTICIA

Antes de 1976, Argentina era una de las sociedades más equitativas de América Latina.
Con pujas constantes, con avances y retrocesos, lo cierto es que los trabajadores participaban de una porción más grande e igualitaria de la riqueza del país.
Con diversos protagonistas e intereses en juego, la dictadura de 1976 fue –en buena medida– una envestida de los sectores capitalistas en un intento por recuperar la porción de la torta que fueron perdiendo a manos de los trabajadores. Se instaló con muerte y represión un proyecto de país que necesitó de la desarticulación y dispersión de la fuerza de la clase trabajadora.
Los niveles de pobreza e indigencia, la destrucción de los salarios, la acuciante desigualdad social, devienen de un modelo que se impuso a sangre y fuego en los ’70 y se profundizó por vías constitucionales en los ’90 con el gobierno neoliberal de Carlos Menem.
Hoy, a 31 años del golpe de 1976, una distribución de la riqueza más igualitaria es un desafío que se actualiza y se vuelve fundamental para la democracia.
El “nunca más” a la represión, al miedo y la muerte –que enarbolamos dignamente y que enfatizamos el día 24 de marzo– es también un “hoy más que nunca” a la justicia.
Hoy más que nunca: derechos, democracia, desarrollo, distribución.
La memoria nos convoca a intervenir en la historia. La memoria adensa el presente, lo interroga, nos pone ante nuevas preguntas. La memoria nos desafía a preguntarnos sobre el futuro. ¿Qué país queremos tener dentro de otros 30 años? ¿Qué vamos a hacer como sociedad, como estado, como país, para que sea posible?

Presentamos a continuación un artículo para el debate y la reflexión. Esperamos sus aportes y comentarios





EDUARDO BASUALDO

El golpe del 76 cambió las alianzas sociales

Por Julio Sevares

Fuente: Acción Nº 959. Publicación del Instituto Movilizador de Fondos Coperativos) Buenos Aires, primera quincena de agosto de 2006

Aspectos económicos esenciales de los dos primeros gobiernos peronistas, la segunda etapa de sustitución de importaciones y el proceso económico y social que puso en marcha la última dictadura militar son analizados en el último libro del economista Eduardo Basualdo, quien es coordinador del Area Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y un referente insoslayable en los principales debates políticos y económicos argentinos. Miembro del comité editorial de la revista Realidad Económica y autor de El nuevo poder económico en la Argentina, entre otras obras, ha realizado a lo largo de su carrera un profundo y riguroso trabajo de investigación que echa luz sobre cuestiones clave, y no demasiado estudiadas, haciendo foco particularmente en los grupos de poder económico y los vaivenes de su comportamiento político. La historia es, para él, un modo de iluminar el presente, y considera que muchas de las consecuencias del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 –al que define como “una divisoria de aguas entre dos modelos de acumulación”– aún están vigentes.

–En su libro Estudios de historia económica argentina, usted revisa los últimos cincuenta años y encuentra que en 1976 se produce un punto de inflexión.

–Efectivamente, el golpe de 1976 es una divisoria de aguas, un gran punto de inflexión, porque el régimen económico que pone en marcha la dictadura es muy importante para comprender las características del proceso económico y social que le sigue. Antes de ese momento imperaba un modelo de sustitución de importaciones que tenía algunas paradojas. Por ejemplo, entre el 1955 y 1975, hay crisis recurrentes de balanza de pagos que fueron encaradas con políticas de ajuste destinadas a reducir el gasto de divisas. Hasta 1964, esos ajustes provocan caídas en el Producto Bruto, pero a partir de ese año ya no interrumpen el crecimiento del PBI ni de la industria. Entre 1964 y 1975 tuvimos el crecimiento industrial más importante de la historia argentina.

–De todos modos, se critica esa etapa porque no generaba las suficientes exportaciones para garantizar la sustentabilidad del crecimiento.

–Esas críticas no se ajustan a la realidad. De hecho, en los años previos al golpe, las exportaciones crecen a un ritmo de dos dígitos anuales y las exportaciones industriales crecen más que el PBI industrial. En este período hay endeudamiento externo, pero para comprar insumos y bienes de capital, es decir, está relacionado con el crecimiento industrial. Por eso, la sustitución de importaciones tenía recursos para seguir avanzando, no estaba agotada, como se sostiene habitualmente.

–Si las cosas iban así, ¿por qué hubo sectores económicos que apoyaron el golpe?

–El apoyo principal al golpe provino de un sector de la tradicional oligarquía agropecuaria, parte de la cual estaba asociada con la industria. Otro sector fue el capital financiero, que luego se benefició con los cambios económicos que permitieron la obtención abundante de ganancias financieras.

–¿Y el capital extranjero?

–Paradójicamente, durante la dictadura comenzó una repatriación de capital extranjero: la década del 80 es la de mayor repatriación de capital extranjero industrial. La salida de empresas comenzó en 1978, con la emblemática salida de General Motors de Argentina, a la que le siguieron Olivetti y luego un conjunto de laboratorios farmacéuticos.

–El golpe tuvo motivos sociales, además de económicos.

–Sí. Creo que una razón crucial fue la pugna social y el propósito de frenar el creciente avance de sectores populares desarrollado, precisamente, durante y a consecuencia de la industrialización.

–¿El objetivo principal de la dictadura era cambiar la distribución del ingreso?

–Así es, realizar una transferencia de ingresos desde el trabajo hacia las fracciones que tenían el poder en la Argentina: acreedores externos y grupos económicos internos, locales. Para evaluar el papel de los intereses financieros hay que tener en cuenta los cambios que se estaban produciendo en el mercado mundial. En la década del 70 comenzó una desregulación de los sistemas financieros nacionales y la liberalización de las corrientes de capital a nivel internacional, que facilitaron la obtención de ganancias financieras en casi todo el mundo. Este escenario promovió lo que denomino “un nuevo patrón de acumulación económica” que se caracteriza por la desindustrialización y concentración del ingreso. Durante el período de sustitución de importaciones, la política económica estaba centrada en la producción de bienes y servicios, el endeudamiento externo financiaba la producción y los fenómenos monetarios eran dependientes de esos procesos. Luego, el endeudamiento pasó a ser una palanca para tener ganancias financieras; la política monetaria tomó un papel protagónico y los procesos productivos, la economía real, uno subordinado. Lo problemático es que las políticas monetarias, cuyo objetivo era combatir la inflación, fracasaron.

–¿Cómo puede funcionar una economía en base a la renta financiera?

–En principio, porque las tasas de interés en el mercado internacional eran sistemáticamente inferiores a las del mercado local. En esas condiciones, las empresas y los inversores locales podían endeudarse en el exterior, recolocar su dinero internamente y ganar una diferencia. Cuando las condiciones económicas se complican o se teme una crisis, como sucedió al final del período de Martínez de Hoz, los pesos se reconvierten en dólares y se remiten al exterior. Por eso la deuda y la fuga de capitales fueron dos caras de la misma moneda; fueron parte de un mismo fenómeno económico. Es importante remarcar que el endeudamiento y la fuga de capitales no tienen que ver con los fondos buitre de corto plazo. Existieron, pero no son determinantes.

–A partir de lo que usted dice, ¿puede plantearse que la deuda es la consecuencia de una forma de organización económica?

–Efectivamente. En la generación de la deuda externa se conjugan intereses externos con otros internos. Unos son deudores y otros son acreedores, y tienen pugnas y alianzas. En este punto es decisiva la redefinición del papel del Estado que produjo la dictadura militar. A partir de la Reforma Financiera de 1977, el Estado dejó de financiarse con préstamos del Banco Central y comenzó a hacerlo con créditos internos y externos. La demanda estatal de crédito interno contribuyó a sostener elevada la tasa de interés, por encima de la internacional, lo cual estimuló el ingreso de capital especulativo. A su vez, el Estado se endeudó en el exterior. Es decir, que de una y otra forma, estimuló el ingreso de divisas. Pero esas divisas no irían a financiar la producción sino la fuga de capitales. Otro aspecto es la ubicación que tuvo el Estado cuando el proceso de endeudamiento entró en crisis. En ese momento, se estatizó la deuda externa privada utilizando diversos instrumentos como seguros de cambio y emisión de todo tipo de bonos, operación que se prolongó hasta 1986 y 1987.

–¿En este aspecto la política económica de la dictadura se prolongó ya entrada la democracia?

–Es que la política económica no solo estuvo dirigida a provocar una caída de dieciocho puntos en la distribución del ingreso en pocos años. Además modificó la estructura económico-social para que esa política tuviera sustentabilidad a través del tiempo. En el período de sustitución de importaciones había una alianza no típica entre asalariados y sectores empresarios nacionales, que era la base de sustentación del peronismo. La dictadura no solo pauperiza a los trabajadores sino que liquida a la burguesía nacional. Por supuesto que posteriormente hubo cambios. Por ejemplo, sectores supervivientes de esa burguesía se alinearon con los sectores más concentrados. Es decir que se rompe el antiguo sistema de alianzas sociales y a partir de allí se produce una redefinción del sistema político. A esto se agrega que las cúpulas de los partidos de base popular son cooptadas por el poder económico. Por eso, aunque haya partidos que siguen reclamándose populares, ya no funcionan como tales. Esta es la base de la crisis de representatividad política en la Argentina.


10 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola. Nuestra organización se dedica al trabajo con comunidades de base, principalmente a la capacitación laboral para el desarrollo de emprendimientos productivos. El enfoque de la distribución de la riqueza es importante de considerar, pero nos cuesta incorporarlo como reflexión ¿como podemos trabajarlo? ¿existen materiales de mapas para eso? ¿Hay cursos en los que podamos participar a fin de ganar nuevas herramientas?

SANDRA dijo...

POR UN CAMINO DE OLIVOS PARA MORIR A MUCHAS COSAS Y PARA PODER NACER A MUCHAS NUEVAS UN ABRAZO A TODOS

Daniel dijo...

¿no es demasiado economisista esa mirada? Un tanto maniquea también

Héctor Blas dijo...

ESTA NOTA FUE ESCRITA POR MÍ EN AGOSTO DE 2006, ME PARECE BUENO DARSELA A CONOCER
Autor: Héctor Trillo - 18 Agosto, 2006 - 14:17


Ha trascendido que el secretario de comercio Interior recurre a San Agustín para justificar los controles de precios basándose en la necesidad de distribuir la riqueza dado que aquello que es superfluo resulta inmoral no repartirlo.

San Agustín razonaba, allá por el siglo V, que “lo superfluo para ti es necesario a otro”. También sostenía que “se poseen cosas ajenas cuando se poseen cosas superfluas”. También sostenía que “es una especie de robo el no dar al necesitado lo que sobra”. Esto ha llevado al arzobispo de Tegucigalpa a destacar los dichos del santo, y a decir que “todo exceso por sobre la necesidad es inmoral”, o también a preguntar “¿hay cosa más perversa que querer enriquecerse a costa de la pobreza ajena?”.

Según se cuenta, el secretario de comercio Guillermo Moreno parece que toma muy seriamente las expresiones citadas para llevar adelante su política de controles de precios. La idea del distribucionismo y la búsqueda de causas morales que lo justifiquen parece capear por sobre la perspectiva de una realidad bastante diferente que la existente en los tiempos del santo, incluso con las afirmaciones del arzobispo hondureño que parece tener muy en claro cuándo alguien se enriquece “a costa de la pobreza ajena” y cuándo no.

Aportaremos algunas reflexiones sobre estos puntos, sin por ello dejar de decir que mezclar los controles de precios con el discurso moral de San Agustín en el siglo V nos parece cuando menos bastante incompatible, dado que tales controles son la consecuencia de la política monetaria del Estado, que compra divisas a precios superiores a los del mercado desde hace años provocando la distorsión que luego quiere corregir “distribuyendo” mediante controles de precios, entre tantas otras cosas

Veamos: Por un lado debemos ubicar las cuestiones en la perspectiva del tiempo. En tiempos de Agustín de Hipona no existía la figura de la propiedad privada tal como se la conoce hoy. Por el contrario abundaban los esclavos y los siervos que jamás podían acceder ni mínimamente a otra cosa que un plato de comida y a formar parte de los ejércitos de sus amos. Si bien no faltan quienes creen que el mundo sigue hoy igual que en aquellas épocas, lo cierto es que en nuestro país la mayoría de nosotros es hija o nieta de inmigrantes que llegaron aquí “con una mano atrás y otra adelante” obteniendo a partir de su capacidad y esfuerzo los bienes que posibilitaron el progreso de sus hijos y de sus nietos.

Una cuestión por demás interesante es si la intervención de un funcionario en el comercio libre entre las personas constituye una justificación moral que debe estar por encima de la Constitución Nacional que claramente define en su primera parte, y especialmente en el artículo 14, la libertad de comerciar. Y cuando hablamos de “un funcionario” no nos referimos únicamente a un secretario de Estado, sino a todos, incluido el presidente de la República. Más allá de si una norma madre puede ser violada de manera constante como lo es en la práctica, cabe analizar si el pensamiento filosófico de Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, debe ceder ante los controles de precios y los razonamientos de los funcionarios actuales o más bien no debería ser a la inversa.

La ponderación de aquello que debe ser considerado superfluo es otro aspecto de una importancia trascendental que no debe ser tomado a la ligera. En primer lugar porque cada ser humano tiene un concepto diferente de sus necesidades y de aquello que “le sobra”. Es por ello que la Constitución argentina define el principio de la igualdad ante la ley que no es lo mismo que la igualdad a secas y que implica una ley para cada habitante, dadas las diferencias naturales que existen en la ponderación que hace cada uno de cada cosa. Lo que es superfluo para el señor Moreno, puede no serlo para mí o para Ud.

Y acá también juega el aspecto que mencionábamos sobre la actividad de funcionarios de Estado sobre nuestros bienes materiales o espirituales. Hasta un cierto punto cada habitante de la Nación debe estar conteste de que hay que pagar los impuestos y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Si esto es así no parece claro por qué algunos precios son controlados y otros no. Dado que si ceder parte del patrimonio implica una carga pública, lo es tanto para el vendedor de porotos cuanto para el proveedor de tornillos de bronce.

Pero ir al fondo de la cuestión es todavía más interesante. Si cada uno de quienes producen bienes deben ceder aquello que los funcionarios (o quienes fueren) consideren superfluo, es razonable suponer que se preocuparán menos por producir, dado que carecen de incentivos y están sometidos a la voluntad omnímoda de un gobierno y de sus funcionarios. A su vez, quienes por carecer de bienes son necesitados, tampoco tendrán incentivo alguno para producir algo, ya que simplemente deberán esperar a que el Estado se encargue de proveérselo. Aquello de que “cada quien produzca según su capacidad y reciba según su necesidad” fue aplicado en los más duros regímenes de la Tierra, y poco a poco ha ido cayendo en un penoso olvido luego de haber provocado cerca de dos decenas de millones de muertos a lo largo del siglo XX.

Si es inmoral poseer bienes considerados superfluos por alguien, no lo es menos recibir bienes sin hacer ningún esfuerzo y esperando sentados a recibirlos. Naturalmente que este es el extremo, dentro de una enorme gama de intermedios que son aceptados por las comunidades más o menos sin problemas.

Las cifras de recaudación tributaria muestran a las claras que los habitantes de nuestro país abonan grandes sumas en concepto de impuestos para que el Estado se encargue de su administración y distribución. Nadie se opone mayormente a que el Estado haga obra pública o se encargue de la salud en los hospitales o de la educación y la seguridad, por dar algunos ejemplos. Al contrario, a lo sumo se le exige a ese Estado que utilice los fondos de manera prudente, republicana y eficaz. Y sobre todo que rinda cuentas de su uso. Es decir que está más que claro que acá no se trata de que no se distribuya. Las tarifas congeladas, los subsidios de todo tipo, los salarios mínimos fijados por decreto, el otorgamiento de jubilaciones y pensiones sin haber laborado o aportado al régimen, constituyen apenas algunos ejemplos de lo muchísimo que se redistribuye. Podemos agregar las desgravaciones impositivas a distintos sectores, los créditos “blandos” a las pymes (y ahora también a los que deseen llegar a su vivienda propia), el proteccionismo al ingreso de productos extranjeros y mil etcéteras más, muestran de sobra hasta qué punto se redistribuye en la Argentina actual, que además crece a cifras históricas.

Lo que hay que explicar acá, y no parece estar previsto que se haga, es por qué con tanto distribucionismo (al que se le suman, claro está, los controles de precios), no se consigue que los salarios mínimos superen la llamada línea de pobreza o los jubilados que no ganan la mínima deban esperar 15 años para lograr un miserable 11% de aumento en sus haberes.

La megadevaluación de 2002 importó una inmensa transferencia de recursos de los deudores a los acreedores, en la cual se favoreció, primero que nadie, el propio Estado, que según cifras reiteradas por el mismo presidente Kirchner, se ahorró la friolera de 67.000 millones de dólares con el default. Acá no sabemos si todos los deudores que perdieron como perdieron eran propietarios de bienes superfluos, pero que esto ha sido así no cabe duda.

Y la razón por la cual los argentinos no confían en su país y las cifras conocidas indican que hay cerca de 150.000 millones de dólares depositados en el Exterior (convirtiéndose de tal modo en bienes superfluos para los países receptores mientras la Argentina los necesita horrores) no parece que vaya a resolverse apelando a aprietes varios a algunos empresarios o empresas. Digamos que los controles de precios más bien contribuyen a lo contrario.

En resumidas cuentas: la intervención de funcionarios incluso con basamentos de origen religioso no parece transformar la realidad si uno la mira con un poco de perspectiva. La mejoría lograda más bien ha tenido que ver con las grandes inversiones de los años 90 que luego dejaron de pagarse por el mencionado default y con la devaluación que favorece a ciertos exportadores y al propio Estado, que con otra cosa.

Nos queda por decir que nos preocupa seriamente cuando se yerra al paño en la observación del origen del problema. Los aspectos que mencionamos, a los que debe agregarse el inmenso y creciente gasto público, el encarecimiento del crédito por efecto de la inflación y de la necesidad de subir encajes para bajar la oferta monetaria, los bajos salarios en dólares de toda la población porque el Estado quiere que sea así, la falta de definición en la cuestión de la coparticipación federal, el manejo discrecional de excedentes presupuestarios, y una suma importante de etcéteras parecen indicar que estamos muy lejos no ya de San Agustín, sino de la solución de los problemas de fondo que causan las distorsiones. Digamos que más bien todo lo contrario.

Los precios suben en moneda argentina que fabrica el Estado argentino. Las devaluaciones y las compras masivas de dólares a precios superiores a los de mercado también las dispone el Estado argentino, que complementa con emisión de moneda. La suspensión de exportaciones de carnes o de vidrios también las dispone el Estado argentino. Estos temas requieren un mínimo análisis muy actual y corriente, sin necesidad de remontarse al siglo V. Cuestión que por otra parte conlleva el clásico error de extrapolar épocas sin tomar en cuenta las diferencias de regímenes existentes.

Los aspectos que tienen que ver con virtudes tales como la caridad, la solidaridad o el altruismo no constituyen virtudes universales unívocamente sentidas por millones de personas. Pretender imponer un criterio uniforme en tal sentido, constituye un acto de autoritarismo que a lo único que conduce es a que más gente tema invertir en la Argentina. Si esto no se nota hoy, lo es por las razones que señalamos en cuanto a las inversiones anteriores y a las ventajas de la devaluación para ciertos sectores. Sin embargo en esta concepción autoritaria y sobre todo arbitraria está la base de la falta de un Estado de Derecho sólido que respete las reglas y no actúe a los ponchazos sobre supuestas actitudes “inmorales” llevadas a cabo por quienes sólo pueden operar en la moneda de curso legal y forzoso que circula en el país.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público

Autor: Héctor Trillo - 18 Agosto, 2006 - 14:17

Para citar este texto:
Héctor Trillo ( 2006 ) - Econlink -
http://www.econlink.com.ar/notas/controlesdeprecios

Héctor Blas dijo...

Autor: Héctor Trillo - 18 Agosto, 2006 - 14:17


Ha trascendido que el secretario de comercio Interior recurre a San Agustín para justificar los controles de precios basándose en la necesidad de distribuir la riqueza dado que aquello que es superfluo resulta inmoral no repartirlo.

San Agustín razonaba, allá por el siglo V, que “lo superfluo para ti es necesario a otro”. También sostenía que “se poseen cosas ajenas cuando se poseen cosas superfluas”. También sostenía que “es una especie de robo el no dar al necesitado lo que sobra”. Esto ha llevado al arzobispo de Tegucigalpa a destacar los dichos del santo, y a decir que “todo exceso por sobre la necesidad es inmoral”, o también a preguntar “¿hay cosa más perversa que querer enriquecerse a costa de la pobreza ajena?”.

Según se cuenta, el secretario de comercio Guillermo Moreno parece que toma muy seriamente las expresiones citadas para llevar adelante su política de controles de precios. La idea del distribucionismo y la búsqueda de causas morales que lo justifiquen parece capear por sobre la perspectiva de una realidad bastante diferente que la existente en los tiempos del santo, incluso con las afirmaciones del arzobispo hondureño que parece tener muy en claro cuándo alguien se enriquece “a costa de la pobreza ajena” y cuándo no.

Aportaremos algunas reflexiones sobre estos puntos, sin por ello dejar de decir que mezclar los controles de precios con el discurso moral de San Agustín en el siglo V nos parece cuando menos bastante incompatible, dado que tales controles son la consecuencia de la política monetaria del Estado, que compra divisas a precios superiores a los del mercado desde hace años provocando la distorsión que luego quiere corregir “distribuyendo” mediante controles de precios, entre tantas otras cosas

Veamos: Por un lado debemos ubicar las cuestiones en la perspectiva del tiempo. En tiempos de Agustín de Hipona no existía la figura de la propiedad privada tal como se la conoce hoy. Por el contrario abundaban los esclavos y los siervos que jamás podían acceder ni mínimamente a otra cosa que un plato de comida y a formar parte de los ejércitos de sus amos. Si bien no faltan quienes creen que el mundo sigue hoy igual que en aquellas épocas, lo cierto es que en nuestro país la mayoría de nosotros es hija o nieta de inmigrantes que llegaron aquí “con una mano atrás y otra adelante” obteniendo a partir de su capacidad y esfuerzo los bienes que posibilitaron el progreso de sus hijos y de sus nietos.

Una cuestión por demás interesante es si la intervención de un funcionario en el comercio libre entre las personas constituye una justificación moral que debe estar por encima de la Constitución Nacional que claramente define en su primera parte, y especialmente en el artículo 14, la libertad de comerciar. Y cuando hablamos de “un funcionario” no nos referimos únicamente a un secretario de Estado, sino a todos, incluido el presidente de la República. Más allá de si una norma madre puede ser violada de manera constante como lo es en la práctica, cabe analizar si el pensamiento filosófico de Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, debe ceder ante los controles de precios y los razonamientos de los funcionarios actuales o más bien no debería ser a la inversa.

La ponderación de aquello que debe ser considerado superfluo es otro aspecto de una importancia trascendental que no debe ser tomado a la ligera. En primer lugar porque cada ser humano tiene un concepto diferente de sus necesidades y de aquello que “le sobra”. Es por ello que la Constitución argentina define el principio de la igualdad ante la ley que no es lo mismo que la igualdad a secas y que implica una ley para cada habitante, dadas las diferencias naturales que existen en la ponderación que hace cada uno de cada cosa. Lo que es superfluo para el señor Moreno, puede no serlo para mí o para Ud.

Y acá también juega el aspecto que mencionábamos sobre la actividad de funcionarios de Estado sobre nuestros bienes materiales o espirituales. Hasta un cierto punto cada habitante de la Nación debe estar conteste de que hay que pagar los impuestos y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Si esto es así no parece claro por qué algunos precios son controlados y otros no. Dado que si ceder parte del patrimonio implica una carga pública, lo es tanto para el vendedor de porotos cuanto para el proveedor de tornillos de bronce.

Pero ir al fondo de la cuestión es todavía más interesante. Si cada uno de quienes producen bienes deben ceder aquello que los funcionarios (o quienes fueren) consideren superfluo, es razonable suponer que se preocuparán menos por producir, dado que carecen de incentivos y están sometidos a la voluntad omnímoda de un gobierno y de sus funcionarios. A su vez, quienes por carecer de bienes son necesitados, tampoco tendrán incentivo alguno para producir algo, ya que simplemente deberán esperar a que el Estado se encargue de proveérselo. Aquello de que “cada quien produzca según su capacidad y reciba según su necesidad” fue aplicado en los más duros regímenes de la Tierra, y poco a poco ha ido cayendo en un penoso olvido luego de haber provocado cerca de dos decenas de millones de muertos a lo largo del siglo XX.

Si es inmoral poseer bienes considerados superfluos por alguien, no lo es menos recibir bienes sin hacer ningún esfuerzo y esperando sentados a recibirlos. Naturalmente que este es el extremo, dentro de una enorme gama de intermedios que son aceptados por las comunidades más o menos sin problemas.

Las cifras de recaudación tributaria muestran a las claras que los habitantes de nuestro país abonan grandes sumas en concepto de impuestos para que el Estado se encargue de su administración y distribución. Nadie se opone mayormente a que el Estado haga obra pública o se encargue de la salud en los hospitales o de la educación y la seguridad, por dar algunos ejemplos. Al contrario, a lo sumo se le exige a ese Estado que utilice los fondos de manera prudente, republicana y eficaz. Y sobre todo que rinda cuentas de su uso. Es decir que está más que claro que acá no se trata de que no se distribuya. Las tarifas congeladas, los subsidios de todo tipo, los salarios mínimos fijados por decreto, el otorgamiento de jubilaciones y pensiones sin haber laborado o aportado al régimen, constituyen apenas algunos ejemplos de lo muchísimo que se redistribuye. Podemos agregar las desgravaciones impositivas a distintos sectores, los créditos “blandos” a las pymes (y ahora también a los que deseen llegar a su vivienda propia), el proteccionismo al ingreso de productos extranjeros y mil etcéteras más, muestran de sobra hasta qué punto se redistribuye en la Argentina actual, que además crece a cifras históricas.

Lo que hay que explicar acá, y no parece estar previsto que se haga, es por qué con tanto distribucionismo (al que se le suman, claro está, los controles de precios), no se consigue que los salarios mínimos superen la llamada línea de pobreza o los jubilados que no ganan la mínima deban esperar 15 años para lograr un miserable 11% de aumento en sus haberes.

La megadevaluación de 2002 importó una inmensa transferencia de recursos de los deudores a los acreedores, en la cual se favoreció, primero que nadie, el propio Estado, que según cifras reiteradas por el mismo presidente Kirchner, se ahorró la friolera de 67.000 millones de dólares con el default. Acá no sabemos si todos los deudores que perdieron como perdieron eran propietarios de bienes superfluos, pero que esto ha sido así no cabe duda.

Y la razón por la cual los argentinos no confían en su país y las cifras conocidas indican que hay cerca de 150.000 millones de dólares depositados en el Exterior (convirtiéndose de tal modo en bienes superfluos para los países receptores mientras la Argentina los necesita horrores) no parece que vaya a resolverse apelando a aprietes varios a algunos empresarios o empresas. Digamos que los controles de precios más bien contribuyen a lo contrario.

En resumidas cuentas: la intervención de funcionarios incluso con basamentos de origen religioso no parece transformar la realidad si uno la mira con un poco de perspectiva. La mejoría lograda más bien ha tenido que ver con las grandes inversiones de los años 90 que luego dejaron de pagarse por el mencionado default y con la devaluación que favorece a ciertos exportadores y al propio Estado, que con otra cosa.

Nos queda por decir que nos preocupa seriamente cuando se yerra al paño en la observación del origen del problema. Los aspectos que mencionamos, a los que debe agregarse el inmenso y creciente gasto público, el encarecimiento del crédito por efecto de la inflación y de la necesidad de subir encajes para bajar la oferta monetaria, los bajos salarios en dólares de toda la población porque el Estado quiere que sea así, la falta de definición en la cuestión de la coparticipación federal, el manejo discrecional de excedentes presupuestarios, y una suma importante de etcéteras parecen indicar que estamos muy lejos no ya de San Agustín, sino de la solución de los problemas de fondo que causan las distorsiones. Digamos que más bien todo lo contrario.

Los precios suben en moneda argentina que fabrica el Estado argentino. Las devaluaciones y las compras masivas de dólares a precios superiores a los de mercado también las dispone el Estado argentino, que complementa con emisión de moneda. La suspensión de exportaciones de carnes o de vidrios también las dispone el Estado argentino. Estos temas requieren un mínimo análisis muy actual y corriente, sin necesidad de remontarse al siglo V. Cuestión que por otra parte conlleva el clásico error de extrapolar épocas sin tomar en cuenta las diferencias de regímenes existentes.

Los aspectos que tienen que ver con virtudes tales como la caridad, la solidaridad o el altruismo no constituyen virtudes universales unívocamente sentidas por millones de personas. Pretender imponer un criterio uniforme en tal sentido, constituye un acto de autoritarismo que a lo único que conduce es a que más gente tema invertir en la Argentina. Si esto no se nota hoy, lo es por las razones que señalamos en cuanto a las inversiones anteriores y a las ventajas de la devaluación para ciertos sectores. Sin embargo en esta concepción autoritaria y sobre todo arbitraria está la base de la falta de un Estado de Derecho sólido que respete las reglas y no actúe a los ponchazos sobre supuestas actitudes “inmorales” llevadas a cabo por quienes sólo pueden operar en la moneda de curso legal y forzoso que circula en el país.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público

Autor: Héctor Trillo - 18 Agosto, 2006 - 14:17

Para citar este texto:
Héctor Trillo ( 2006 ) - Econlink -
http://www.econlink.com.ar/notas/controlesdeprecios

Héctor Blas dijo...

Tipo de Cambio en Argentina
Autor: Héctor Trillo - 7 Agosto, 2005 - 00:00


A estas alturas resulta evidente la desesperación del gobierno por sostener el tipo de cambio y aplicar al mismo tiempo todo tipo de medidas heterodoxas para intentar frenar los índices inflacionarios.


Compra de Dólares
Durante la semana que acaba de concluir el Banco Central adquirió algo más de 510 millones de dólares excedentes mediante emisión de moneda. Por su parte el Tesoro compró 55 millones más, por lo que la cifra total adquirida ascendió a 565 millones de dólares.

Objetivo: Sostener el tipo de cambio
Definición de Tipo de Cambio
Valor Actual del Tipo de Cambio
El crecimiento económico y el empleo en Argentina
El objetivo, como se sabe, se sostener el tipo de cambio cercano a los 3 pesos, porque en tal sostén se basa la competitividad de la economía, la capacidad de exportación y el indudable flujo de fondos hacia el Estado a través de los derechos de exportación Digamos que este rubro aportará a las arcas estatales algo así como 12.500 m millones de pesos, cifra que representa el 60% del superávit primario esperado. Si de paso agregamos a esto el otro gran impuesto distorsivo: el que se aplica sobre las transacciones financieras (comúnmente llamado impuesto al cheque), que aporta alrededor de 800 millones de pesos por mes, y cerca de 10.000 millones en el año, podemos ver claramente de dónde se obtiene el superávit. Reconocemos que tomar estos componentes distorsivos para señalar de dónde se obtiene el superávit puede aparecer como caprichoso, sin embargo, a poco que se tenga en cuenta que precisamente estos dos tributos son los genuinamente nuevos y con mayor incidencia luego de la devaluación, está claro el sentido de lo que queremos decir.

La aplicación de retenciones a las exportaciones es tomada, desde ciertos sectores, como una forma de contener el alza local de los precios, efecto que realmente se logra, pero al precio de ir desecandenando poco a poco una merma de la producción (o un desincentivo") y por ende una escasez, como sabemos que ya ocurre en el sector energético.

Se mantiene el tipo de cambio sobrevaluado
En general, se sostiene desde las autoridades económicas que el mantenimiento del tipo de cambio en niveles superiores a los que indica el mercado, es positivo, al tiempo que se contrapone a esta afirmación que el tipo de cambio atrasado es nocivo. En verdad, la afirmación de que si el tipo de cambio no está alto, está bajo, es un sofisma. El tipo de cambio no debe estar ni alto ni bajo, simplemente debería reflejar el nivel de oferta y demanda de divisas.

El mercado espera una apreciación real del tipo de cambio, ya sea por una baja del valor nominal o por un alza en la tasa de inflación que se refleje en los distintos bonos indexados emitidos por el Estado hasta ahora.

Y precisamente las presiones para lograr acuerdos de precios, la aplicación de nuevas retenciones como las de la exportación de lácteos, la suspensión de nuevas emisiones de títulos indexados y otras medidas por el estilo apuntan a frenar la inflación que el propio Estado ha producido con la devaluación y la emisión de moneda subsecuente. La suba del petróleo en el orden internacional (ya supera los 62.- dólares el barril) augura el aumento de los derechos de exportación petroleros, que están hoy en el 45%, para mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles. Y ciertas reacciones, como las del ministro Lavagna al sugerirle al sector agropecuario que "si quiere eliminar las retenciones que forme un partido político" ponen de relieve un estado de cosas que presagia nuevos impulsos inflacionarios, cosa que como es obvio el mercado sabe.

"No es suficiente un tipo de cambio sobrevaluado"
Ahora bien, los economistas que elaboraron el llamado "plan Fénix", y que pertenecen a la UBA, que en su momento se opusieron a la llamada convertibilidad, han salido ahora a considerar insuficiente el tipo de cambio alto. En este grupo es figura relevante el asesor del presidente Dr. Aldo Ferrer, que estuvo presente en los 4 días de deliberaciones realizadas con la presencia del Rector Jaim Etcheverri y del Director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Alberto Müller. La conclusión a que se arribó es "la política monetaria es condición necesaria, pero no suficiente".

Según Müller en general se rechazaron una política monetaria que se guíe por metas de inflación porque "tiene un sesgo de alza de tasas de interés y el crecimiento las necesita bajas". El Dr. Lavagna no asistió a esta conjunción de 300 ponencias, probablemente porque las propuestas a veces resultan difíciles de sostener cuando se está en el gobierno. Un poco el conocido teorema de Baglini.

Pero dada la trascendencia de este grupo, especialmente por la cercanía con el gobierno, resulta imprescindible analizar al menos a grandes rasgos las ponencias. El Dr. Muller sostuvo entre otras cosas que "cualquier costo inflacionario es menos negativo que un menor crecimiento y la expulsión de empleo"

Entre otras, hubo una ponencia que sugirió una reforma tributaria que penalice en mayor medida a los sectores de más altos ingresos, grave las ganancias financieras y combata la inflación. También los ponentes pidieron que el Estado planificara en materia de generación eléctrica, hidrocarburos, aguas y transporte. También se sostuvo que no viene primero el crecimiento y luego la distribución, sino que deben planearse ambas cosas de manera simultánea.

Es evidente que la línea que se sigue se fundamenta en el viejo modelo neokeynesiano intervencionista y voluntarista. No es el objetivo de este comentario avanzar sobre una crítica sobre estas posiciones, pero sí marcar por lo menos algunos puntos que estimamos indispensables: la tasa de interés no bajará si la inflación esperada se reprime mediante endeudamiento público como está ocurriendo, pero tampoco bajará con inflación no reprimida. La expectativa de los disertantes parece ser que si se dispara la inflación un poco, las tasas de interés podrán ser negativas para lograr así financiamiento a costa de los ahorros de los depositantes, como ocurrió a lo largo de 5 décadas por lo menos en la Argentina. La sensación que tenemos es que la experiencia ha dejado sus secuelas, y los modelos basados en la confianza en la moneda o en los precios fijados por el Estado (y la tasa de interés es un precio, lo mismo que el tipo de cambio), no dejarán de producir enormes distorsiones que terminarán lamentablemente produciendo un daño de magnitud.

Aspectos tales como el planeamiento del crecimiento y de la distribución simultánea no se condicen ni con la dinámica ni con la celeridad con la que el mundo actual toma decisiones. Resulta a todas luces insostenible esperar poder planificar políticas distributivas y de crecimiento antes de dar las garantías mínimas de seriedad política, económica y jurídica de las cuales no estamos lejos, estamos a una distancia sideral. La verdad es que ciertas consideraciones, resultan absolutamente fuera de contexto.

El mundo no está esperando venir a la Argentina a someterse a los designios de un grupo de personas que se sienten en condiciones de decir cuánto, cuándo, cómo y por qué. Y cambiar tales consideraciones tantas veces como lo crean necesario. Y la gente, que presiona hoy por hoy desde distintos sectores por los llamados "reacomodamientos de precios", no confía sino en sus propias fuerzas, y no en la moneda.

El daño que la inflación provocada por los sucesivos gobiernos ha hecho al país es incomensurable, la carencia absoluta de servicios públicos a que se llegó a fines de los 80 como consecuencia de décadas de planificaciones centralizadas desde el Estado y tarifas políticas no deja dudas. El distribucionismo basado en arbitrariedades hace que hoy mismo se calculen en 150.000 los millones de dólares de argentinos que se encuentran en el exterior o en los colchones.

Por ello es que sostenemos que si el gobierno toma definitivamente el camino que hemos esbozado en este comentario, no cabe sino esperar que la situación no pueda sostenerse.

Buenos Aires, 6 de agosto de 2005

Copyright © Cdor. Héctor Blas Trillo -
Reservados todos los derechos contador@hectortrillo.com
Estudio Héctor Blas Trillo

Héctor Blas dijo...

So pena de ser reiterativos, trataremos de poner sobre el tapete en este trabajo el tema de la distribución de la riqueza dentro del ámbito de una política económica y tributaria basada en el proteccionismo y en el llamado dölar competitivo.

La continuidad de la marcha de la política económica en vigencia no ofrece por estas horas novedades de trascendencia respecto de las últimas semanas. Hemos resaltado en otras oportunidades la proximidad de una lucha por aumentos de salarios dentro de una puja distributiva tenaz y aparentemente enmarcada en el sentido de la “justicia social”, entendida ésta como aquella vieja panacea de repartir lo que se produce entre quienes producen y entre quienes no lo hacen o lo hacen menos.

La recuperación económica basada en la expansión monetaria y en el proteccionismo ha generado una especie de burbuja de enriquecimiento que no tiene demasiado sustento. En verdad, los aumentos de precios de las commodities en los últimos años y la capacidad instalada y ociosa de la década anterior han producido el auge económico que llevó los índices de producción a los niveles de 1998.

Es cierto sí que los sectores asociados a la exportación y a la reindustrialización, se han visto favorecidos ante el esquema de protección industrial y el tipo de cambio elevado artificialmente. Pero también lo es el evidente atraso tecnológico producido por el encarecimiento de todo aquello que deba ser importado para mantener a la Argentina en un grado de avance por lo menos cercano al llamado primer mundo. Basta ver las publicidades televisivas de otros países para comprender dónde estamos en esa materia.

La idea de la distribución conlleva la idea de que quien produce debe dar a quien no lo hace, pero en esencia en la Argentina es mostrada como algo bastante diferente de eso. Aquí lo que se sostiene (y de ello hace décadas) es que quien produce se favorece con ello y no quiere repartir porque se maneja con angurria o con excesiva mezquindad.

Si bien es factible que tal cosa ocurra, lo cierto es que como país la estructura económica no puede basarse en esperar que quienes producen mucho sean generosos, dadivosos y omnicomprensivos. El Estado de Derecho cuando funciona no pretende que todos seamos buenos y solidarios, sino que respetemos la ley.

Avanzar en este terreno es probable que nos conduzca al terreno político, pese a nuestra declarada intención de mantenernos en el campo de la economía. Pero no podemos sustraernos de una realidad que nos dice todos los días desde los discursos y las arengas que la Argentina será un gran país si todos nosotros nos volvemos menos egoístas y más solidarios. Dejando de lado pues la cuestión política, nos proponemos explicar aquí, con datos, que la realidad no funciona así.

Por un lado la protección industrial conduce a la merma de la calidad y al encarecimiento, lo cual contribuye a bajar la calidad de vida de la población en general y también a una redistribución regresiva, por decirlo así. Lo mismo ocurre con el dólar competitivo, falacia que indica claramente nuestra condición de no competitivos y el afán de continuar así. Es ese artilugio monetario el que mantiene los salarios muy cercanos a la llamada línea de pobreza para una buena parte de la población. Esta realidad y el atraso tecnológico consecuente, es lo que lleva a los argentinos a “atar con alambre” viejas máquinas o a crear una verdadera industria del recauchutaje o el rellenado de cartuchos de tinta para las impresoras, para hablar en términos actuales.

Hace unos días nos ocupábamos de la información distribuida por el Indec respecto de las diferencias entre aquellos que más ganan y quienes menos lo hacen. Observando esos datos, vemos que la situación ha empeorado palmariamente, pese a la declamada necesidad de ayudar a los más pobres.

Enunciaeremos a continuación algunas de las medidas redistributivas seguidas por el Estado en los últimos años para alcanzar estos resultados. Tenemos así una creciente conformación de planes sociales, ha habido reiterados aumentos de salario por decreto (y también de cargas sociales) y por convenios gremiales, se han ocupado ilegalmente empresas quebradas, (situación de hecho que ha recibido el amparo del Estado). El proteccionismo arancelario y también las cuotas y cupos de importación en el ámbito del Mercosur son en sí mismos factores distributivos que apuntan a “crear riqueza” allí donde las condiciones naturales tal vez serían propicias a la importación de ciertos bienes a precios más baratos. Es decir que viéndolo desde el lado del consumo, aquello que se protege se encarece y por lo tanto empobrece a quien debe consumirlo. Los derechos de exportación también apuntan al distribucionismo y de ello se deduce que quienes logran beneficios gracias a los altos precios y al dólar competitivo (los exportadores), ceden gran parte de sus ingresos al socio natural (el Estado) que “distribuye” en lugar de permitir destinar tales ingresos a mejorar la producción de los sectores señalados. Adicionalmente, tales derechos de exportación apuntan a mantener bajos los precios locales de los alimentos esencialmente, lo cual implica subsidiar a los consumidores de éstos.

El Estado también ha formulado y sigue haciéndolo planes promocionales para industrias de diversa naturaleza, con el objeto de incentivar inversiones mediante exenciones impositivas. Tales planes, que se suceden y se multiplican según las necesidades de inversión crecientes, constituyen otra forma de distribuicionismo, ya que quienes se eximen de impuestos están obviamente recibiendo una ayuda que no reciben quienes no son eximidos. También se enmarcan en este tipo de promociones, los llamados “créditos blandos”, es decir, aquellos que se otorgan a tasas de interés subsidiadas por el Banco de la Nación, por ejemplo. Los bancos oficiales que prestan dinero a menores tasas que las de mercado constituyen también una ventaja para aquellos que son beneficiados por ellas, en detrimento de quienes deben pagar las tasas reales.

A su vez hay que decir que todos los planes promocionales, de tasas subsidiadas, de ayuda a los desempleados, de desgravaciones impositivas y demás, tienen un costo que paga toda la comunidad, que conforma así una especie de “club” donde todos deben abonar su cuota en términos impositivos o inflacionarios para que los sectores elegidos se vean favorecidos por las rebajas.

Podemos agregar a este esquema los controles y fijaciones de precios, que implican la resignación de márgenes de ganancia o incluso la asunción de ciertas pérdidas por parte de las empresas que se ven obligadas a acordar. Ello a favor de los consumidores, en principio al menos. Esto también constituye una práctica distribucionista.

Las tarifas del transporte de pasajeros se hallan subsidiadas ya sea por el otorgamiento de subsidios directos a los ferrocarriles, por ejemplo, o las quitas en los precios del gas oil tanto para trenes como para ómnibus.

El desarrollo de obra pública en determinadas regiones por conceptos de los más variados constituye, según las propias autoridades, una manera de “dar trabajo” y producir riquezas. En verdad, tal obra pública se hace con el dinero recaudado a través de los impuestos y de la inflación (que se manifiesta como consecuencia del dólar alto que posibilita el ingreso del Estado por la vía de las retenciones a las exportaciones), es decir que lo que realmente ocurre es que el Estado redistribuye dinero obtenido de empresas y particulares para hacer las obras que considera necesarias y dar el trabajo a tales gentes. Esto en economía se denomina “reasignación de recursos”, lo cual no es otra cosa que eso: retirar recursos a unos para entregarlos a otros. Piénsese por ejemplo en una licitación para construir viviendas en un determinado lugar. Allí aparecerán las empresas constructoras que establecerán sus costos (y sus ganancias) dentro del esquema licitatorio vigente. Tales empresas luego darán trabajo a profesionales, técnicos y obreros para que finalmente el Estado entregue las viviendas terminadas a beneficiarios de planes de diversa índole. Ya sea en forma gratuita o por medio de “créditos blandos”. Dejando de lado aquí cualquier suspicacia respecto de irregularidades como las denunciadas en su momento por el ex ministro Lavagna, podemos observar que en definitiva el costo de este tipo de emprendimientos queda en manos de toda la comunidad, incluyendo los beneficios empresarios, por supuesto. Y más allá de las necesidades perentorias de viviendas de buena parte de la población, es obvio que tales necesidades pretenden satisfacerse, desde hace varias décadas mediante este tipo de políticas.

Hablar de costos asumidos por toda la comunidad no es un tema menor. Porque tal comunidad incluye a millones de personas de recursos medios o bajos, que por un lado pretenden ser favorecidas por precios congelados y proteccionismos varios (que sólo producen aumentos de precios, obviamente), y por el otro son castigadas por bajos salarios en moneda dura, inflación e impuestos crecientes, contribuyendo así al distribucionismo de marras.

Los datos del Indec a que nos hemos referido, corresponden al tercer trimestre de 2005, e indican entre otras cosas que el 20% más pobre percibe ingresos 15 veces menores que el 20% más rico. Si comparamos estos datos con los de Chile, vemos que en el país vecino tal diferencia es de sólo 5 veces. A ello se agrega que a fines de 2001, el 20% más pobre recibía ingresos 13 veces menores que el 20% más rico. Es decir que la situación ha empeorado pese a los evidentes esfuerzos (y declamaciones) distribucionistas del actual mandatario.

La pregunta que suele hacerse es por qué ocurre esto. Y la respuesta es bastante simple: en un esquema como el vigente la gente debe ganar menos y pagar más caros ciertos bienes para garantizar la competitividad externa y el proteccionismo interno. Es verdad que la recuperación económica ha reducido la desocupación, aunque debemos recordar que a fines de 1999 ésta no superaba el 12,5%, pese a las enormes deficiencias del sistema de convertibilidad.ý al déficit público creciente de ese entonces.

Es decir que tenemos un país con una ocupación laboral creciente que todavía no alcanza por varios puntos a la de 1999, porque si incluimos a quienes perciben planes Jefas y Jefes de Hogar, la tasa supera holgadamente el 14%. Ello pese a haber alcanzado los niveles de producción de 1998.

Esto indica que producimos lo mismo que en aquel año, pero ocupamos menos gente porcentualmente hablando (dada la tasa de crecimiento poblacional hoy hay más gente que busca trabajo). Y ello es así pese al retraso tecnológico que significa el dólar alto que encarece la importación, precisamente, de tecnología.

Ahora bien, más allá de este somero análisis de la situación a partir de datos reales suministrados por el propio Estado a través del Indec y de otros organismos, queda por analizar brevemente cómo se producen las asignaciones de recursos y las distribuciones. Es decir, cómo se elige a los favorecidos y quién lo hace.

Los regímenes distribucionistas en general conllevan la necesidad de que un grupo de funcionarios sean los designados para determinar qué se requiere, dónde y cómo, entre otras cosas. Tales funcionarios deben pues determinar si corresponde o no producir tal o cual cosa en tal o cual provincia o ciudad. Si es conveniente promocionar pequeñas y medianas empresas y cuál debe ser su volumen para ser consideradas tales.

Es fácil suponer que tal grado de discrecionalidad es generador de todo tipo de lobbies y corporaciones que objetivamente pretenden demostrar a tales funcionarios que aquellos a quienes representan merecen la ayuda.

Mientras tanto, aquellos que no tienen suficiente fuerza “lobbística” son los grandes perdedores. Pero fundamentalmente quien pierde en este tipo de esquemas es la seguridad jurídica. Y naturalmente quienes más ganan son las corporaciones y lobbies.

A ello debemos agregar los esquemas tributarios basados en los llamados impuestos distorsivos y al capital que desalientan la llegada de inversiones, máxime en un marco de inseguridad jurídica.

Si bien dentro de este comentario está impresa nuestra opinión personal, debemos decir que ciertas políticas son factibles aún en un marco distribucionista, aunque personalmente no las compartamos y pensemos que siempre el resultado será sensiblemente menos elocuente. Pero no puede tratarse de un esquema que cambie permanentemente por medio de las llamadas políticas activas que tanto postulaba y defendía, por ejemplo, el Dr. Lavagna. Una cosa es hacer política económica y otra es cambiar permanentemente el rumbo según necesidades políticas, presiones corporativas, o cuestiones coyunturales.

Si observamos lo que ocurre hoy en el mercado de los alquileres tenemos una mínima pauta de la realidad vigente. Los propietarios tienen miedo y los inquilinos se quejan. Los contratos no pueden ajustarse porque la ley lo prohíbe y entonces quien alquila lo hace si se cubre contra una inflación esperada del 15% anual promedio de los próximos dos años. El Estado amenaza entrometerse y el mercado se retrae aún más.

En materia de carnes vemos que la existencia de ganado vacuno no supera a la que había hace 30 años, pese al crecimiento poblacional. La ministra Miceli señaló esto en oportunidad de anunciar el retorno del registro de exportaciones, pero no dio una explicación de por qué ocurre. Sin embargo la respuesta es bastante simple. Años de retenciones a las exportaciones, años de sobrevaluación del peso, años de negligencia en materia de vacunación antiaftósica, años de acusaciones a los ganaderos, años de distribucionismo a costa de la agricultura y de la ganadería para realizar emprendimientos decididos por los funcionarios encargados de asignar prioridades. Años de Junta Nacional de Carnes, años de controles de precios y de vedas en la venta de carnes en restaurantes. Años de intervencionismo de todo tipo. Para peor cambiante y variado. Y hasta de distinto signo.

Un esquema económico serio dentro del Estado de Derecho requiere la fijación de políticas por varios años y su sostenimiento en el tiempo. La asignación al Estado de funciones básicas específicas y rigurosamente auditadas por entes independientes. La aplicación del principio del federalismo que suprima la coparticipación federal. Y la libertad y competencia en un mercado donde los impuestos y las contribuciones sociales sean un dato inalterado.

Si el Estado define ocuparse de la salud pública y de la educación primaria, de la seguridad y de la justicia, debe hacerlo clara y precisamente. Y tal definición debe ser un esquema sólido y permanente, sin modificaciones constantes. Y con la seguridad del control debido por parte de entidades ajenas al propio Estado.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2006

ESTUDIO HÉCTOR BLAS TRILLO
Economía y tributación

ecotributaria@hectortrillo.com

Héctor Blas dijo...

Autor: Héctor Trillo - 28 Agosto, 2006 - 12:11


El anuncio de la reactivación del plan de energía atómica que prácticamente había quedado paralizado, fue tomado en general como una buena noticia. No abundaremos sobre tal noticia, que damos por conocida por los lectores. Sí diremos que el Estado ha puesto el ojo en la materia y ha resuelto invertir una suma en principio del orden de los $ 3.500 millones de aquí a 2010. que por experiencia prevemos un monto mucho mayor, sin salir ni un ápice de la realidad argentina. Pero como el actual gobierno no mide las cosas de la economía en términos económicos, según las reiteradas opiniones oficiales, suponemos que estará de acuerdo en que cualquiera sea el costo, vale la pena hacerlo. Esperaremos a que lo haga y veremos los resultados. Pero, pensamos que si de obtener energía se trata, dada la acuciante necesidad que se percibe, mejor y mucho más barato sería recurrir a fuentes hídricas e incluso eólicas. Además de ello, nuestra opinión es que si nadie tiene interés en hacer algo, alguna razón tiene para no hacerlo. Y si hablamos de economía, que es de lo que hablamos, la razón no puede ser otra que la económica. El problema de la energía ha adquirido ribetes casi dramáticos y, si bien puede resultar plausible avanzar en el desarrollo nuclear (más allá de si esto debe encararlo el Estado), lo cierto es que se prevé poner en marcha la paralizada Atucha II (a un costo estimado en $ 2.000 millones), sólo en 2010, para sumarse a Atucha I y a Embalse. Y tal vez una cuarta central atómica para 2016.

Se licitaron finalmente las dos centrales de ciclo combinado largamente demoradas y se prevé la ampliación de Yaciretá. Mientras tanto se anunció el llamado "plan Energía Plus" que consiste en inducir a las empresas que tienen capacidad de autogeneración para que se desconecten del sistema público en los días de alta demanda y puedan vender excedentes rentables que compensen el sacrificio que se les pide. Una manera política de reconocer la emergencia, sin lugar a dudas.

La baja del derecho de exportación a los lácteos pretende corregir el daño hecho a los tamberos. No sabemos qué ha pasado con el fondo que iba a constituirse con tal retención y que estaría destinado a mejorar la producción, pero sí sabemos que el daño está hecho y que cualquier productor que hubiera tenido en vista encarar un proyecto de tal naturaleza, lo pensará varias veces antes.

El próximo 6 de setiembre, vence la "ventanita" abierta a las exportaciones cárnicas luego de la incomprensible veda dictada el 8 de marzo, seguida por la reapertura parcial por 60 días que ahora concluyen, justamente. No hay al momento de escribir estas líneas, ninguna novedad. Pero está claro el daño a los productores, dado que como señalamos en trabajos anteriores, la venta en el mercado local de animales en pie que originalmente podrían haber sido destinados a la exportación produjo una baja en los precios que no pasó a los mostradores en la misma proporción, porque la demanda relativa continuó su curso haciendo que la diferencia de precio quedara en los frigoríficos. No es poca cosa ponerse a pensar en cómo se hará para recuperar los mercados perdidos por el incumplimiento de los acuerdos de exportación. Mucho menos cómo se hará para recuperar simplemente la confianza en el país desde el Exterior.

Desde el gobierno se ha resuelto intervenir abiertamente en las tarifas de las llamadas prepagas. Se habla de la posibilidad de que éstas puedan tomar los saldos técnicos de IVA para abonar las contribuciones laborales. Tendríamos así, un nuevo subsidio, que como todos los demás, entra dentro del marco del distribucionismo y distorsiona los precios relativos una vez más.

La cuestión de los créditos para la vivienda está todavía en un proverbial "veremos" y se busca la manera de subsidiar las tasas de interés a los efectos de que la cuota a pagar no supere los montos actuales de los alquileres. En un país con una inflación del 10% anual y encima reprimida, no parece una tarea sencilla, sobre todo si sumamos los costos burocráticos, tributarios y bancarios a la hora de comprar un bien inmueble. Si algo resulta especialmente demostrativo de dónde estamos en esta materia, es el hecho de que desde el gobierno se admite que la gente tiene ingresos en negro institucionalizándolos. Es decir, ya no solamente forman parte de los índices del INDEC, o de la pléyade de contratados por el Estado, sino que adquieren la categoría de otras fuentes de ingreso no declaradas.

El dato positivo de la semana fue, sin ninguna duda, la baja observada en el índice de desocupación, que ha llegado al 10,4%. Si a esto le sumamos el porcentaje de desocupados que cuentan con ayuda oficial vía planes, la cifra sube al 12,8%, un nivel similar al que teníamos en 1999. El crecimiento económico ha continuado y hay datos sobre una mejora progresiva en la productividad en la industria.

Si desde el Estado se pretende (y consigue) ir blanqueando la economía es razonable pensar que este blanqueo puede inducir a datos erróneos en materia de productividad (más cantidad de bienes en blanco con el mismo nivel de ocupación). No lo sabemos, como tampoco tenemos noticias de que este elemento hubiera sido tomado en consideración.

Nuestra duda no es infundada, dado que la tecnología en general debe importarse y resulta carísima para el deprimido nivel de ingresos de la población

Otro dato interesante es que la inversión ha subido un 22% en julio con respecto a igual mes del año anterior. Buena parte de este incremento está explicado por el sector de la construcción. También hay una interesante recuperación de la inversión en maquinaria y equipos, que había caído en el mes de junio.

Mucho se discute entre economistas acerca de las causas del crecimiento económico del país. Se habla de factores coyunturales, de los precios de las commodities, del auge de las exportaciones por el tipo de cambio alto, y también del enorme incremento de ingresos por turismo. En nuestra opinión, la acción del Gobierno en materia cambiaria ha sido el gran motor, junto con el default que dejó impagos 67.000 millones de dólares según datos oficiales. La impresionante transferencia de ingresos de los acreedores a los deudores, entre estos últimos obviamente primero que ninguno el propio Estado, ha constituido una verdadera parábola de la virtud. Los segundos se capitalizaron a costa de los primeros, y ahora tienen superávit (sector público) y ganancias (sector privado), mientras los que perdieron poco a poco se reisertan en la vida diaria como pueden.

Desde el próximo jueves comenzará a regir la medida de aplicar precios diferenciales para la compra de combustible realizadas por vehículos de patente extranjera. La medida, contrariamente a lo que se había anunciado, será obligatoria y aplicable en las zonas de frontera. Prevemos en este tema dos aristas: por un lado sin ninguna duda aumentará la demanda de automóviles rentados (obviamente con patente nacional) y por el otro surgirá un mercado paralelo de reventa de combustibles. Por lo cual no tardarán en aparecer medidas especiales para tratar de corregir ambas cuestiones. Así funciona el intervencionismo.

Y para ir terminando, digamos que por cuarta vez el gobierno ha postergado la licitación para la privatización del Correo Argentino, en esta ocasión hasta el 31 de julio de 2007.

Dejamos para el final el anticipo de una nueva moratoria impositiva en la Provincia de Buenos Aires para poder recaudar dinero extra antes de fin de año, al tiempo que el gobernador Solá pidió una ampliación presupuestaria del orden de los $1.500 millones, con un endeudamiento adicional de casi $ 1.000.- millones. Como se sabe, los problemas financieros de esta y otras provincias se hacen cada vez más evidentes, debido a los ajustes salariales y al aumento del gasto público provincial en general.

Buenos Aires, 26 de agosto de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Autor: Héctor Trillo - 28 Agosto, 2006 - 12:11

Para citar este texto:
Héctor Trillo ( 2006 ) - Econlink -
http://www.econlink.com.ar/node/325

Héctor Blas dijo...

Autor: Héctor Trillo - 3 Julio, 2006 - 00:54


Los distintos aspectos de la realidad económica se encuentran enmarcados por ese intervencionismo omnipotente que no descansa y que no puede descansar.

El intento de otorgar superpoderes al Ejecutivo es por lo general tomado como un avance del presidencialismo, cuando en realidad se trata más bien de un avance de la arbitrariedad. En términos exclusivamente económicos, dejar en manos de pocas personas (o de una sola) qué cambiar, cómo, cuándo, por cuánto y dónde no es más que decretar la incertidumbre permanente. Ello sin considerar siquiera la flagrante violación de la legislación de fondo de la República que esto significa, y los derechos individuales de sus habitantes.

Es por eso que oír y leer una y otra vez del “exceso de presidencialismo” nos resulta hasta extraño. El presidencialismo es una cosa y la arbitrariedad es otra. Que se pretenda que un jefe de gabinete maneje el Presupuesto Nacional no es un acto “presidencialista”.

Hay que recordar una vez más que la arbitrariedad no es nueva en la Argentina, sino que tiene muchos años. Y que para no hacer de este breve artículo un tratado de historia nos parece suficiente recordar los superpoderes otorgados al Dr. De la Rúa (y en definitiva al Dr. Cavallo) en 2001, y que fueron el comienzo de la debacle final de la llamada convertibilidad.

Este párrafo inicial pretende que no pase inadvertida aquella máxima según la cual venimos sosteniendo que todo plan es posible, con el único requisito de que lo sea. Los resultados se verán en el correr del tiempo. Pero donde el plan no existe, resulta bastante alarmante que por lo menos quienes deberían poner los puntos sobre las íes, especialmente los propios políticos, no lo hagan.

El acuerdo del precio del gas convenido con el presidente boliviano tiene la impronta de la inmediatez. Llega a fin de año, cabe suponer que con la esperanza de prorrogarlo unos mesecitos más para seguir tirando. El precio de 5 dólares el millón de BTU implica un incremento del 56% sobre el valor pagado actualmente. Internamente, la unidad británica de medida se paga 1,6 dólares, y a ese precio se exporta a Chile. Ahora el ministro De Vido está viendo la forma de traspasar a la exportación a Chile el costo adicional que implica el nuevo acuerdo con el país del Altiplano. También se subirán los derechos de exportación del gas con el objeto de garantizar el consumo y el precio internos.

Las centrales termoeléctricas que está previsto se construirán en el Litoral mediante los recursos adeudados por el Estado a las generadoras eléctricas (obligación asumida porque tales generadoras no pueden cobrar sus incrementos dado que las distribuidoras no pueden subir las tarifas), deberán esperar un poco porque es preciso definir con qué combustible funcionarán. Para que sea con gas, es preciso asegurarse la provisión del fluido, cosa que de ninguna manera está lograda. El gas oil es mucho más caro y el surrealista intento de hacerlas funcionar con carbón de Río Turbio murió sin haber nacido. A todo esto hay que agregar que dado que los fondos que el Estado adeuda a las generadoras no alcanzan, está habiendo “gestiones” (de algún modo hay que llamarlas) con las AFJP para que aporten la diferencia. Señoras y señores futuros jubilados, respiren tranquilos.

El problema de la energía es crucial y lo venimos señalando hace ya mucho tiempo. El crecimiento en torno del 9% anual hace que las perspectivas en la materia se tornen inciertas dados los problemas de fijación de precios, intervencionismo estatal y suba del precio internacional del petróleo a los que estamos asistiendo. Las centrales que comentamos serán imprescindibles en 2007 para poder continuar creciendo, aunque el ritmo no sea tan fuerte como hasta ahora. Pero el problema es más profundo, ya que al no saberse con qué se contará, cómo y cuándo, este solo hecho pospone cualquier decisión de inversiones empresarias, dado que éstas están atadas al uso y costo de la energía.

Siguiendo con el tema de los combustibles, el paro anunciado de los expendedores de combustibles para el lunes 3 entre las 14 y las 22 hs es un dato no menor, dado que la medida de fuerza tiene que ver con la exigencia de que se importe más gas oil (que como se sabe está faltando y mucho) y con los márgenes de rentabilidad de los estacioneros, dado que como los precios de los combustibles están congelados pero los costos, los impuestos y los salarios no, los márgenes porcentuales se reducen en valores absolutos haciendo dificultoso seguir.

La baja de la desocupación anunciada por el propio presidente Kirchner para el segundo trimestre es en sí una buena noticia, y si se nos permite bastante lógica tomando en cuenta la recuperación del país en estos años. El objetivo de bajar “a un dígito” el índice, verdadera obsesión oficial, parece que se cumplirá. Claro que con el pequeño detalle de que por lo menos 3 puntos más de desocupados no se cuentan porque son beneficiarios de los planes Jefas y Jefes y se consideran ocupados. Algo así como sí, pero no.

Hay estudios que muestran que sin embargo, si tomamos el año 1994 (con valores de desocupación similares), podemos ver que la pobreza afecta a dos tercios más de personas que en ese entonces. Y la indigencia a casi tres veces más personas. También se amplió la llamada brecha entre ricos y pobres. Esto tiene una lógica tan cruda y cruel como evidente: el tipo de cambio elevado artificialmente para ser competitivos. Si el país no produce competitivamente, sus habitantes deben ganar pocos dólares mediante artilugios monetarios como el señalado, que acarrean los consabidos problemas inflacionarios que el gobierno pretende resolver de la manera que vemos todos los días: controles de precios y de costos, retenciones adicionales a las exportaciones (o prohibición de éstas), subsidios, planes de ayuda, etc.

Se esperan para esta semana los datos del índice de precios al consumidor y lo que se comenta es que rondará el 0,6%. A estas alturas es preciso recalcar que tal índice representa en realidad el mayor o menor éxito de los controles de precios, y no tiene nada que ver con la inflación generada por el sistema, que mientras tanto se acumula en las terribles distorsiones que se producen en ellos. El ejemplo del gas que damos más arriba es una muestra apenas de lo que estamos diciendo.

El Dr. Lavagna ha formulado declaraciones la semana que concluye. Dijo entre otras cosas que “no hay que volver a la ortodoxia del ajuste permanente, pero tampoco caer en heterodoxias basadas en el distribucionismo de discurso”. Cuesta creer que este mismo señor haya sido ministro de Economía hasta hace unos meses en este mismo gobierno. La “ortodoxia” es la que aplica el Central cuando retira el exceso de circulante monetario que emite para comprar dólares y mantenerlos caros. Esa ortodoxia es la misma que aplicó durante 4 años el Dr. Lavagna. La heterodoxia es la maraña de regulaciones y controles de precios y costos, los subsidios, las desgravaciones, las retenciones a la exportación, los diversos combos promocionales y la participación del Estado en diversas empresas, varias de ellas creadas durante la gestión del ex ministro (Lafsa, Enarsa, Petrosur) Esto para decirlo rápidamente y de manera gruesa. Porque deberíamos destinar páginas y páginas y revolver nuestros archivos para encontrar entre otras cosas múltiples declaraciones del Dr. Lavagna donde se jactaba del éxito de su heterodoxia, como si se tratara de un fin en sí mismo renegar de la ortodoxia al tiempo que la aplicaba en materia monetaria.

El modelo de salarios bajos, es, por definición, un modelo de ajuste permanente. ¿O qué otra cosa significa por ejemplo que el propio poder ejecutivo hubiera puesto un tope del 19% a las discusiones salariales?. Ahora bien, ¿este tope no coincide acaso con los reiterados dichos del Dr. Lavagna en el sentido de que había que ser prudentes en el otorgamiento de aumentos de sueldos lo que le motivó un enfrentamiento con Hugo Moyano el año pasado?.

La sensación que uno tiene es que aquellos que por un motivo u otro se alejan del gobierno, pretenden despegarse pero llevándose pegado todo aquello de lo que quieren despegarse.

Pronto llegará la nueva edición de la Exposición Rural, con los ánimos caldeados como se sabe, y con la diputada Alarcón muy embalada incluso en la conformación de un partido político vinculado al campo. Una curiosa simbiosis con lo expresado por el mismo Dr. Lavagna en más de una oportunidad, cuando desafió a los ruralistas a que crearan un partido político si pretendían que se eleminaran las retenciones a las exportaciones. Esperemos que no terminen jugando en el mismo bando, ya que por lo menos ha trascendido que la diputada ha tratado de acercarse al ex ministro.

Un tema que fue bastante comentado en estos días fue el del aumento del sueldo presidencial. También hubo aumentos para legisladores y para secretarios y subsecretarios de Estado. Todo ello en medio de la euforia mundialista, dicen las malas lenguas. No lo sabemos ni pretendemos incursionar demasiado en esto. Tan sólo diremos que los congelamientos son para unos y no para otros. Y no hablamos de grandes empresarios, sino de jubilados, por ejemplo.

La verdad es que el sinceramiento de cifras es de una necesidad imperiosa. Terminar con la hipocresía que luego se dibuja de gastos de representación o “reservados” sería un paso más que útil. Tan útil como el de tratar de generar un sistema tributario justo y equitativo que permita que todos los habitantes del país cumplan sus obligaciones y por lo tanto no haya media economía en negro. Pero parece que para esto también habrá que esperar.

El país sigue creciendo. Un poco menos aceleradamente pero sigue haciéndolo. Los valores internacionales de las commodities siguen siendo muy favorables, y parece que seguirán siéndolo.

Lástima que no se aprovechen debidamente, a nuestro entender, estas ventajas comparativas, y se siga el derrotero que conducirá, inevitablemente, a una salida más tortuosa cuanto más se acumulen las presiones y las distorsiones
HÉCTOR BLAS TRILLO
Contador Público

Buenos Aires, 3 de julio de 2006

Héctor Blas TRILLO dijo...

CUÁL MIRADA, LA MIA O LA DEL SECRETARIO MORENO. O TAL VEZ LA DE SAN AGUSTIN??
HECTOR TRILLO