15 marzo 2007

Organizaciones sociales de cara a la incidencia en políticas públicas

Límites y umbrales
de la participación popular

Alfredo Benavidez Bedoya / El pasaje (detalle)
Ilustración: Alfredo Benavidez Bedoya / El pasaje (detalle)

Para que el imperativo de "incidir" en las políticas públicas no se transforme en una coartada para volver a esquivar a la política, el desafío central es trazar las fronteras que distinguen las prácticas deseables y transformadoras de aquellas animadas y sostenidas por la inercia.
Lo que viene a continuación son una serie de planteos y criterios para una mirada crítica de la cultura política, las concepciones sobre el cambio y las prácticas de participación, especialmente las que circulan en las organizaciones sociales y en muchos agentes de la sociedad y el estado. Esta autorreflexión aparece como un desafío central: porque se trata de desmantelar no sólo unas realidades, sino también unas formas de mirarlas y nombrarlas, de intervenirlas y de (re) producirlas.

Por Nestor Borri y Fernando Larrambebere ( * )



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0. INTRODUCCIÓN

Para que el imperativo de "incidir" en las políticas públicas no se transforme en una coartada para volver a esquivar a la política, el desafío central es trazar las fronteras que distinguen las prácticas deseables y transformadoras de aquellas animadas y sostenidas por la inercia.
Sencillamente se trata de registrar que, si la participación es importante, no menos importante es advertir que la incidencia de una sociedad civil marcada y formateada por 30 años de neoliberalismo, difícilmente garantizará nuevos aires en las políticas.
Se plantea la necesidad de una mirada que marque el doble desafío de democratizar tanto la sociedad como el estado, desmantelando la matriz neoliberal que, más allá de la voluntad de los actores, es el punto de partida de ambos.
Al mismo tiempo, la mirada exige descubrir -y en muchos casos construir- un horizonte que entienda la distribución de la riqueza como el vector principal a considerar, con lo que esto implica de desnaturalización de la sociedad dual y de eliminación de la desigualdad -y de sus formas sofisticadas de subsistencia, incluso las políticamente correctas como algunas formas del "respeto al diversidad" o de fortalecimiento del "tercer sector"-.
Así y todo, la oportunidad y la exigencia de coincidir puede ser una conjugación, un escenario y un canal de repolitización de las problemáticas sociales y de los proyectos de país que, partiendo de una interpelación del conflicto social, se trasforme en un ejercicio de traducción de las demandas populares en políticas apropiadas que promuevan la calidad de vida, la democratización y, finalmente, niveles más altos de felicidad social y un presente y un futuro mejor repartidos.


1. ASUMIR LAS CONTRADICCIONES, CRITERIO, CONDICIÓN Y OPORTUNIDAD BÁSICA DE PARTICIPACIÓN.

A la hora de revisar los distintos abordajes de las políticas públicas que hacen las organizaciones sociales (y otros sectores, sin excluir ámbitos del estado y partidos políticos), aparece una marcada tendencia a condenar el carácter contradictorio de las mismas. Así, se critica que las políticas no tienen un solo sentido, o que en los hechos nunca responden a "lo que queremos", a las reivindicaciones propias.
En una sociedad compleja como la nuestra, las políticas públicas son inevitablemente contradictorias. Están atravesadas por contradicciones. El problema es qué hacer con ellas. Querer eliminar las contradicciones de las políticas públicas no es diferente a querer eliminar los conflictos de la cuestión política. En otras palabras, a eliminar la política.
Respecto a lo "apropiado" que pueda ser participar y los intereses "propios", justamente, en la política, el "nosotros" nunca se termina de constituir, está en discusión. Meterse, involucrarse en incidencia política, supone como condición dejar de ser "muy" nosotros. Reconocerse en "nosotros" más amplios, contradictorios, complejos, impuros e incompletos. Conflictivos.
Esto no significa abandonar las reivindicaciones propias. Pero sí supone entender que lo "propio" en términos políticos, ciudadanos y democráticos es fruto de una negociación y, más rigurosamente, de una articulación.
Asumir esto no significa abandonar ni desconocer lo singular. Sin embargo, requiere reconocer sus límites, para ver cómo interroga y es interrogado por cuestiones más generales.
Este punto pone en cuestión la lógica, la identidad y la autocomprensión de muchas organizaciones sociales, de muchas ONGs y de sus prácticas, luchas y reivindicaciones: están construidas sobre la identidad y el protagonismo. Pero, en la medida en que deseen o arriesguen a intervenir políticamente, han ser traccionadas y transformadas por el desafío de meterse en lo colectivo, en identidades más amplias y abiertas. Y en la construcción de ciudadanía. Esto no sucede sin costos; no sólo operativos, sino también identitarios. Las organizaciones sociales están construidas estructuralmente sobre el conocimiento directo, la reivindicación particular y la apropiación cercana; y mucho más en el contexto de la fragmentación y asilamiento que supusieron las realidades de los últimos 30 años. Las políticas públicas necesariamente tienen que ver con lo indirecto, lo mediado, lo que supera lo micro y su especificidad y con cierta "distancia" con lo de cada uno.
Por eso, "lo local, lo sectorial, lo propio" tiene que ser revisado a la hora de proponer políticas. Porque no todas las organizaciones son iguales, el todo social -cosa obvia por otro lado, pero necesaria de ser recordada- no está hecho de sumas de reivindicaciones de organizaciones. Y porque la organización no es todo: ningún actor agota la representación de la sociedad ni de sus conflictos, ni siquiera de los conflictos específicos.


2. LUCHAS POR EL SENTIDO

Muchas veces, aparece frente a la oportunidad de participación o involucramiento, la expectativa de que las políticas públicas sean "claras y transparentes": que tengan un sentido unívoco y evidente. En clave a rediseñar la cultura política de las organizaciones sociales, no se trata tanto de entender, descubrir o develar qué sentido tienen las políticas como de disputarlo. Si esperamos que el sentido de las políticas venga "hecho", sencilla y necesariamente, no tendremos ningún lugar en ellas, ni vale la pena disputarlo.
Necesariamente, las políticas siempre son opacas, parcialmente determinadas y explicitadas. Y la intervención en ellas es, como contrapartida, no garantizada y parcial. No se trabaja ni se incide con proyectos "claros". Se lo hace con proyectos interpelantes, en apuesta, que preguntan a la sociedad y al estado. La traducción de las demandas populares en políticas públicas siempre es parcial y está en camino.
Esto no significa que todo es negociable. Siempre hay un resto que no se negocia, unos mínimos que no se resignan. Pero sí significa que el ánimo de replanteo y negociación siempre está abierto. Una política siempre está inconclusa. Y una estrategia de incidencia -si quiere ser estratégica e incidir- además de reconocer eso, debe ser formulada como abierta, como incompleta. Parcial.
¿Dónde encontrar la "claridad" y el "sentido" de una política? En varios lugares y siempre parcialmente: En su diseño, en el actor o los actores que la proponen, en su implementación, en los actores que convoca, en sus resultados directos o indirectos.
La pregunta, entonces, no es qué dicen, qué claridad tienen las políticas; sino: dónde podemos seguir construyendo un significado y unas implicancias populares y democráticas de esas mismas políticas.
Esto hace que una política nunca esté terminada, y al mismo tiempo que siempre sea posible dar nuevas batallas. En política, y en incidencia política, nunca está dicha la última palabra. Abrir la palabra y con ella replantear las decisiones y sus alcances es, justamente, lo que constituye la política.


3. LOS CAMINOS DEL CAMBIO

Los cambios vienen de quienes deciden cambiar. No surgen siempre desde abajo hacia arriba. Y no siempre que vienen de abajo son buenos. Lo sabemos por experiencia, más allá de que nuestras propias matrices ideológicas -allí donde no son matrices políticas- no nos dejan ver algo tan elemental. Unas ideas topográficas sostienen construcciones ideológicas y autorreferencias que están lejos de ser inocentes, y mucho más de ser transformadoras. Se maneja una imagen donde la sociedad está abajo y el estado está arriba. Y eso no es necesariamente así. Por el mismo motivo que el poder es complejo y su funcionamiento no es el de un ascensor. La dinámica social que supone que los cambios han de venir desde "abajo" y desde la "sociedad (civil)" son un constructo ideológico fuertemente traspasado y formateado con éxito por el neoliberalismo, más allá de los orígenes de estos tópicos.
En la historia argentina, los cambios no han venido necesariamente desde abajo, al menos no en los términos que suponen y predican estos "mapas" de la sociedad y el cambio. Y cuando así ha sido, no necesariamente han sido liberadores, emancipadores, democratizantes. Actualmente, en unas muchas áreas de problemáticas y de conflictos en nuestro país, la sociedad (civil) está por detrás del Estado.
Con perspectiva histórica -y con rigor político y alerta ideológico- es preciso revisar la idea de cambio social, de cambio democrático, y ver qué significa eso en relación a las expectativas que tenemos de los distintos sectores. Esto implica buscar maneras de comprender la sociedad y los procesos políticos en toda su complejidad. No supone abandonar ni desconocer el valor y el sentido de la participación de las mayorías, ni supone un "todo vale" ético. Pero sí exige una mirada más precisa sobre la idea de cambio, sobre el sentido político del campo popular, de la acción política misma y de la práctica democrática.
Ni basismos ni esencialismos deshistorizados sirven para construir para las mayorías: son la contrapartida en espejo del elitismo y del conservadurismo.


4. TRANSFORMAR LO QUE SOMOS

Las organizaciones sociales, y quizás muy especialmente las organizaciones socio-comunitarias, han sido formateadas por el neoliberalismo. El "formateo", en informática, es precisamente "la estructura lógica". En los más inesperados ámbitos, se sigue hablando del Estado, la sociedad civil, las organizaciones y la política desde una "gramática neoliberal".
Esto es un desafío muy fuerte, ya que muchas organizaciones no son "accidentalmente" neoliberales, sino que está en sus prácticas, en las acciones y los impulsos que las constituyeron en el período de los '90. Esos elementos son tan hondos, tan fuertes, tan constitutivos, que no son algo "que les pasa" o "que hacen", sino que en algún punto les da todo su carácter de organización. Dicho con crudeza: son, en gran medida e incluso estructuralmente, congruentes con el procesamiento neoliberalresistencial del conflicto social tal como se planteó en los '90.
Lo cual plantea algo muy duro a la hora de comprender el sentido y las consecuencias polí ticas de las prácticas y de la identidad misma de las organizaciones: en muchos casos, son fuertemente funcionales a la reproducción de lo que dicen combatir. La práctica política y el ejercicio de la incidencia no sólo fortalecen a las organizaciones poniéndolas ante nuevos desafíos. La incidencia, la política, invitan e incluso exigen desarmar las organizaciones existentes y crear otras. Hay que transformar las prácticas: dentro de ellas, también las prácticas de creación de organizaciones.
Dicho de otra manera: la incidencia no es sólo incidir sobre otros, sino que, en el mismo movimiento, incide sobre la propia identidad y mediaciones colectivas. La política, los intereses políticos, no son sólo algo que se "saca" de la propia identidad para trasformar "el afuera", sino que revierte sobre los propios sujetos que apuestan a la transformación. De la misma manera, lo público no es sólo el contexto al que hay que llegar, que está "ahí afuera". Es también un campo que hay que construir y definir, por un lado; y algo que atraviesa, que hace "públicas" a las organizaciones -las "publiciza"- abriéndolas, interrogándolas e interpelándolas hasta lo medular: invitándolas a correr y abrir las fronteras de lo que hacen, lo que las organiza y lo que las define.


5. AMPLIACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS

Desde una "gramática neoliberal" de la política pública -que, como dijimos, es todavía fuertemente hegemónica- muchas veces las únicas políticas que incumben a las organizaciones sociales son -en el mejor de los casos- las vinculadas a la lucha contra la pobreza. Desde la experiencia, todas las demás resultan lejanas o son prácticamente ajenas y desconocidas.
Se viven los conflictos o las consecuencias de los conflictos que implican estas políticas. Pero se experimenta y se visualiza sólo un área de las mismas. Se abre una brecha de contenido, posibilidades de intervención y escala y magnitud entre problema y respuesta.
Recorrer la distancia que abre esa brecha supone una comprensión de cómo diversas políticas atraviesan los diferentes contextos y realidades experimentadas por colectivos sociales, y asumir un tipo de lucha que no sólo se para en la "sobrevivencia" ( y lo que ella deja ver y esperar) sino que se plantea en términos de ciudadanía. Una lucha que no asume sólo lo cotidiano sino que mira con mirada de proyecto. También supone levantar la cabeza por sobre las políticas sectoriales -que muchas veces son sólo políticas focalizadas maquilladas de amplitud, desde los planteos estatales y mucho más desde algunas propuestas de organizaciones-.
Es necesario revisar esto en cinco sentidos: ver los otros sectores, ver lo intersectorial, ver lo que atraviesa como común a todos los sectores, revisar la clasificación misma de sectores disponibles, y ver lo que no queda contemplado en ningún sector.
Del otro lado de estas tensiones y desafíos, aparece el hecho incuestionable de que nada como la especificidad temática, lo local o las cuestiones sectoriales, se manifiesta con la misma fuerza aglutinadora, convocante y articuladora. Pero se trata de "pagar el precio"(político, organizativo, ideológico) de deshacer esos "corralitos", evaluando en todo caso si es que vale la pena. Y si vale lo que cuesta. Y ver el costo de no salirse de ellos.


6. LA PARTICIPACIÓN INFLACIONADA

El carácter participativo de las políticas es necesario e indispensable, pero también es insuficiente. No basta con valorar espacios, prácticas y proyectos poniéndoles la etiqueta de "participativo".
Es importante reconocer en qué medida nuestra idea de participación está fuertemente condicionada por la idea y propuestas de participación elaboradas sobre todo por el Banco Mundial y otros organismos similares en los '90. No hay que olvidar que el neoliberalismo fue y es muy participativo. Se trata, de considerar el sentido y la consistencia política de la participación y sus resultados: ver los límites de la participación, ver quiénes no participan, ver las consecuencias de la participación.
Pasteurizada y al mismo tiempo transformada en "marca de origen" de las política focalizadas, la participación y la demanda de participación "sin atributos" (o con los atributos implícitos o implicitados por la ideología que reproduce la sociedad dual y fragmentaria, ofreciendo participaciones diferenciales a cambio de sobrevivencia a medias para los pobres y a cambio de ganancias extraordinarias), exigen ser fuerte y crudamente revisadas.
Dicho por la inversa y forzando los términos: ¿Por qué la participación habría de ser el precio de los derechos? O, sintetizando en una ecuación interrogativa: ¿bajo qué condiciones participación supone decisión y decisión implica transformaciones con consecuencias? Y forzando aún más, a modo de provocación: acaso, en una sociedad más equitativa, ¿la participación no debería ser sólo la elegida, porque la calidad de vida está garantizada a priori? Sin desconocer el riesgo desmovilizante, la inflexión e infección ideológica a la que esta sujeto lo participativo, llama a hacer reflexiones de fuerte impacto.


7. ORGANIZACIONES SOCIALES, CIUDADANÍA, SOCIEDAD

En muchos discursos y estrategias, es común identificar que las organizaciones sociales son la sociedad o son la ciudadanía. O identificar "sociedad civil" con "sociedad". Sin hablar de otras secuencias de identificación más groseras -pero no menos habituales- como "tercer sector = sociedad civil".
La mayoría de las personas no está en las organizaciones. Éstas últimas son sólo un sector, una parte, relativamente significativa y no en todos los casos representativa (o representativa en sólo en cierta forma y aspectos) de los intereses sociales.
El hecho de que el estado dé participación a las organizaciones sociales no garantiza que haya participación ciudadana y participación social democrática amplia. Es más, en muchos casos, las organizaciones sociales taponan las posibilidades de participación, acaparan oportunidades, y no son un factor democratizante de vinculación con el estado.
Es una obviedad pero debemos recordárnoslo: las organizaciones sociales no son la esencia última de la sociedad. Porque efectivamente no lo son, pero además porque, en términos políticos democráticos, la sociedad no tiene esencia última. Y nunca es posible dar por "terminada" la presentación de intereses de la sociedad. Porque esos intereses no están constituidos antes de la lucha y la intervención política.
Esto no quiere decir que las organizaciones sociales no sean valiosas, importantes o incluso fundamentales: justamente, marca en qué medida lo son y cuál es el valor real que tienen si son desplegadas en un proceso democratizador. Las organizaciones sociales son valiosas porque son capaces, o han sido capaces en determinados contextos, de procesar ciertos conflictos sociales, de responder a ciertas demandas materiales y simbólicas. Pero ese es sólo el punto de partida político.
La ciudadanía -sus mediaciones, sus formas de organizarse, sus formas de movilizarse- siempre es mayor que las organizaciones sociales: porque hay otras formas organizativas que no son lo que llamamos organizaciones sociales, porque hay otras organizaciones sociales, porque hay ciudadanía no organizada pero sí movilizada, hay ciudadanía no movilizada pero sí activa, y hay ciudadanía no activa pero que también es sujeto -y muchas veces sujeto popular y democrático- de derecho.
Y lo mismo podemos decir de la relación ciudadanía-sociedad: no toda la sociedad se ha constituido en ciudadanía. Por eso mismo la ciudadanía es una construcción.
Nunca se puede terminar de decir "esto" es la sociedad, "hasta acá llega". La historia, justamente, es una historia de cómo ampliar las fronteras de la sociedad, de trazar nuevas fronteras.
La ciudadanía es lo que resulta del trazado de esas fronteras con ánimo, objetivo y apuesta de ampliar y crear igualdad y libertad. Las organizaciones son unos modos de reconocimiento y acción que permiten organizar esa creación colectivamente. Lo que llamamos "organizaciones sociales" hoy es un conjunto situado en el tiempo y el espacio, en relaciones de poder y fruto de procesos concretos más o menos recientes, que sirvieron para eso. Históricas, al fin.



8. HORIZONTE DE PROYECTO / PROYECTOS DE HORIZONTE

Vale la pena preguntarnos por el grado de consistencia de las políticas públicas y en qué medida las políticas que hay asumen dimensión y horizonte de proyecto. Esto no se circunscribe sólo al Estado, lo mismo pasa con las organizaciones sociales. Tienen gran cantidad de experiencias e iniciativas. Pero, ¿son consistentes entre sí? ¿Acaso no es posible pensar también que el problema es que son demasiadas iniciativas, todas pequeñas o incluso, a veces, insignificantes?
Por diversos factores -especialmente la crisis de legitimidad del modelo de los '90-en los últimos años se abrió la posibilidad de pensar el país como proyecto, la sociedad como construcción. La profundidad de la crisis puso en duda lo dado, y cuestionó hondamente las propuestas de urgencia y corto plazo, los parches. También puso y pone en evidencia que la realidad, la experiencia, lo cotidiano, es fruto de políticas, de decisiones. Puso en evidencia -parcial pero crudamente- los límites de las políticas y las políticas mismas. Puso en escena que no eran “la realidad”, la única alternativa. La crisis también reabrió el espacio de lo público, y la forma y los límites del poder de los actores que sostenían esas políticas: La arena política y el campo del discurso, de lo que se puede decir y esperar escuchar.
Por eso, los procesos e iniciativas de construcción e incidencia en políticas públicas están -en términos pedagógico-políticos y de comprensión de los actores- en la secuencia de seguir procesando aquello que la crisis dejó para ser re-conocido, seguir desaprendiendo lo que se había incorporado y profundizar las posibilidades de salir del shock y la tendencia a la urgencia y lo inmediato -al mismo tiempo que se atiende, sin dudas, pero a fondo, lo urgente-.
Pensar proyectos, modelos, medianos y largos plazos, replantear matrices, revisar las prácticas historizando, crear nueva institucionalidad y reglas de juego es la contracara, el complemento y la base necesaria para realizar procesos e iniciativas de incidencia en políticas públicas: si no, se plasmarán en un escenario que las abortará rápidamente, reabsorbiendo de manera diferencial y por separado su potencial transformador, que al ser parcializado, es en no poca medida abortado.
Esto es como un segundo plano: la necesidad de una "meta política", una política que permita pensar políticas. Tiene que ver con la democratización, con la institucionalización, con las estrategias de politización de la sociedad, con la creación de actores, con la invención de participación, y también con reconstruir los símbolos que nos permiten politizarnos y hacernos públicos a partir de sostener, políticamente, un conjunto de interrogantes abiertos.


9. DEL APRENDIZAJE A LA ACCIÓN Y VICEVERSA

Las organizaciones sociales ponen muchas energías en la formación. ¿Cuánto de lo que hoy tienen en sus agendas se traduce en acción? ¿Y cuánta de esa acción adquiere consistencia de proyecto?
Entonces, la pregunta es cómo se va del aprendizaje a la capacidad, de la capacidad a la acción, y de la acción al proyecto. ¿Cómo desarrollar una dinámica que permita hacer eso y hacerlo ampliando la escala de incidencia y el grado de politización?
Lo mismo sucede con las organizaciones o sectores sociales que tienen propuestas excelentes para hacer, pero no tienen ninguna estrategia ni fuerza social para implementar, ni ninguna percepción de que no se trata de tener ideas y proyectos sino también de constituir una interpelación, unos procesos y unas mediaciones organizativas e institucionales que permitan crear y sostener los actores y el poder que sostenga esas ideas.
 Aparece entonces la necesidad y el desafío de detectar, promover y diseminar las capacidades de articulación y las mediaciones de acumulación de poder-saber, como parte central del stock de capacidades a instalar hoy en el conjunto de las organizaciones del campo popular y democrático.



10. LA SUPERACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN DEL ESTADO Y DE LA POLÍTICA

¿Cómo desandar, desaprender, desactivar y transformar en otra cosa el fuerte "antiestatalismo" que atraviesa el discurso y la práctica de tantas organizaciones sociales?
Antiestatalismo que se manifiesta ambiguamente y que tiene un origen histórico contradictorio. Antiestatalismo que, paradójicamente, tiene componentes democráticos: porque refleja tanto la memoria de la lucha contra el estado burocrático autoritario de la dictadura, y la resistencia al estado tecno-burocrático neoliberal, apropiado por los sectores del capital concertado. Pero que también tiene componentes comunitaristas con filigrana de ideología de mercado: en el mismo momento que opone la comunidad al estado, superpone y da coartada a la lógica del mercado en la "sociedad (civil)".
¿Que transformaciones hacer para que el discurso y la práctica promedio de las organizaciones no sea tan parecida a la que se espera y es funcional en un país en el que el estado es "chiquito", ineficiente, burocrático, débil y condenable a la vez? ¿Cómo poner en evidencia la equivalencia de este discurso, muchas veces patinado de solidaridad y participación, con lo que dicen del estado las grandes empresas?
¿Cómo hacer para no ser tan "ONG", para no ser tan "no gubernamentales"? No es casual que, de entre todos lo términos con que se denominan a las organizaciones sociales, y a pesar de ser uno de los más hostiles y lejanos al lenguaje común, sea éste el que más se instaló como denominación general. En el mismo movimiento donde, para las personas "comunes" y en el discurso "habitual", organizaciones "populares" se ha vuelto una denominación entre vergonzante y anacrónica.
En muchos casos, esa definición de "no gubernamentales", con todos los valores que pudo tener, tiene una matriz demasiado funcional a un modelo donde la fuerza del mercado es la que termina regulando lo que pasa en la sociedad, aunque sea bajo la forma de una sociedad civil hecha a su imagen y semejanza, y limitando -aunque siempre y sólo en clave de "achicar"- al estado.
Las organizaciones sociales tienen el desafío de proponer políticas públicas y de incidir en ellas. Pero, tanto como eso, existe el desafío de reconstruir el Estado democrático, y cabe a las organizaciones unas tareas y unos esfuerzos en esto, en el mismo movimiento en que se hace necesario "desmantelar" la sociedad civil formateada desde la dictadura a los '90, cuya gramática, imaginario e ideología siguen orientando muchas intervenciones y propuestas.
Un conjunto de desafíos aparecen entonces en reconducir, redireccionar, ampliar, desmantelar o disciplinar sectores de la sociedad y el Estado, allí donde se han funcionalizado a intereses privatizantes y concentrados. Recomponer un tipo de eficacia y de eficiencia, volver a valorar al Estado en todos sus niveles, reconstruyendo al mismo tiempo su autoridad y su dinámica democrática. Teniendo en cuenta, además, que tiene que ser un Estado al servicio de la sociedad y no a la medida de "las organizaciones".
Y reconociendo que, en una democracia, el estado tiene un componente democrático, un componente técnico-tecnocrático, vale decir, sin miedo- y burocrático. Y que esto es no sólo inevitable, sino necesario.
Representantes, funcionarios, técnicos: todos son necesarios, con sus lógicas, para la creación e implementación de políticas públicas.
También los cuadros y miembros, dirigentes y expertos, de las organizaciones sociales se involucran de diferente manera en instancias y agencias gubernamentales. Puede ser visto como un proceso negativo, de "cooptación", pero también puede considerarse que la cooptación no es mala en sí misma, sino que debe ser juzgada por su sentido y resultados. Y por los procesos que desencadena, y los espacios democráticos que habilita.



¿MÁS?
Este artículo fue elaborado a partir de la reflexión en ámbitos de trabajo que el Centro Nueva Tierra lleva adelante junto con dirigentes de organizaciones sociales que sostienen la iniciativa de formación Escuelas de Ciudadanía y la articulación regional llamada Espacio NOA.
El texto surge de una serie de 3 documentos referidos a los desafíos de la construcción de políticas públicas en Argentina y su relación con las prácticas de participación popular, la construcción de ciudadanía y las organizaciones sociales. Cada documento plantea, de manera sintética, 10 cuestiones o entradas a la problemática

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* Los autores son miembros del Centro Nueva Tierra y coordinadores del proyecto Escuelas de Ciudadanía. | volver

08 marzo 2007

Desigualdad / diferencia / equidad de género

DERECHOS DE
LAS MUJERES Y
DISTRIBUCIÓN
DE LA RIQUEZA

EQUIDAD DE GENERO

En el día internacional de la mujer, mapas ofrece un material que aborda desde la perspectiva de género la problemática de la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza, los ingresos y el poder en nuestro país.

Los textos, son parte de un desarrollo pedagógico elaborado para la Campaña Nacional DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA / DESAFÍO PARA LA ARGENTINA / DESAFÍO PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES llevada adelante por la red de organizaciones Amuyen, en el marco de una iniciativa que involucra a actores de los distintos países del Mercosur.

La lucha por los derechos de las mujeres es una lucha por la libertad y la igualdad de las personas. Tiene mucho que decir al desafío de construir una sociedad más justa e igualitaria, ya que se pregunta especialmente por las condiciones de apropiación de la riqueza y por las asimetrías de poder.

Partiendo de esa constatación, compartimos con ustedes el presente material de trabajo y los invitamos a dejar sus comentarios y aportes en el blog de mapas (www.ciudadania.org.ar/mapas).


Fuente:
Campaña Nacional Distribución de la Riqueza / Desafío para la Argentina / Desafío para las Organizaciones Sociales. Cuaderno de trabajo sobre Equidad de género. Amuyen / Programa Mercosur Social y Solidario. Buenos Aires 2005.



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¿MÁS?
// Está disponible para descargar en ww.ciudadania.org.ar/mapas/extras el cuaderno de trabajo sobre Equidad de género y distribución de la riqueza, que forma parte de la Campaña Nacional DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA / DESAFÍO PARA LA ARGENTINA / DESAFÍO PARA LAS ORGANIZAICONES SOCIALES y que amplia el desarrollo de los presentes contenidos.
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// Para saber más sobre la Campaña Nacional DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA / DESAFÍO PARA LA ARGENTINA / DESAFÍO PARA LAS ORGANIZAICONES SOCIALES, llevada adelante por la red Amuyen en el marco del Programa Mercosur Social y Solidario, visitar www.espacioamuyen.org.ar/distribucion



Ideas fuerza


1 / Los últimos 30 años -y en particular la década de los ´90-, se consolidó en Argentina una estructura social marcada por una profunda desigualdad, profundas exclusiones, niveles nunca vistos antes de pobreza y desempleo. Todavía estamos bajo los efectos de esa catástrofe.

2 / Esa crisis desestructuró, sobre todo, un tipo de sociedad cuyos conflictos, actores y maneras de pensarse y reconocerse estaba marcada en gran medida por las estructuras y la presencia del trabajo -como integrador de la sociedad y la vida de los individuos y los colectivos sociales- y del Estado -como elemento cohesionador de la sociedad-.

3 / Uno de los efectos contradictorios de la crisis y de las maneras en que la sociedad y, en particular, los sectores populares la afrontaron, fue que puso a la vista problemáticas, tensiones, conflictos y también demandas y derechos que en otras etapas de la historia del país quedaban soslayados o no eran percibidos con la misma intensidad.

4 / La cuestión de género, los conflictos de poder y las asimetrías entre varones y mujeres constituyen uno de estos ejes centrales que, contradictoriamente, tomaron un fuerte lugar en la agenda de los sectores populares en estos procesos.

5 / Esta presencia, este emergente de las luchas y las resistencias, se sostiene en un proceso general de toma de conciencia de la sociedad y fundamentalmente de las mujeres. Como también sus procesos organizativos y reivindicativos y la emergencia de nuevas sensibilidades.

6 / La discriminación, el ejercicio desigual del poder de un género sobre otro, afecta no sólo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto.

7 / Por eso los derechos de las mujeres, en tanto derechos humanos, son importantes para que la distribución de la riqueza sea efectiva no sólo en las intenciones sino en la vida y oportunidades concretas de todos y todas.

8 / Las políticas de prevención de la violencia, de reconocimiento de derechos, de no discriminación y de garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como la creación y ampliación de las secretarías o áreas de la mujer en los diferentes niveles estatales son fundamentales.

9 / Se trata de una lucha de mujeres y varones por la dignidad de las personas.

10 / Es posible y necesario incorporar el enfoque de género en las prácticas de las organizaciones sociales y la ciudadanía, y también en las agendas económicas y políticas nacionales.



Los conflictos en
un orden de “doble desprecio”


El emergente de luchas y reivindicaciones con mirada de género está fuertemente marcado por la presencia activa de las mujeres en las organizaciones populares, en todas sus variantes. En las maneras diferenciales en que varones y mujeres asumieron los efectos del desempleo y la pobreza. En los modos en que las mujeres redefinieron, de formas diversas, la tensión entre los lugares en que las puso la dinámica social y las posiciones y definiciones que el amplio movimiento de las mujeres en Argentina -en sus diferentes expresiones-, fueron plasmando como demandas, propuestas y caminos de cambio.

Así, a lo largo de estos años se plasmaron: redefiniciones culturales y de prácticas cotidianas, corrimientos de la frontera entre lo que es público y lo privado, reconocimiento del cuerpo como “lugar” de expresiones y derechos, definición y exigencia de nuevos derechos, elaboración de políticas públicas y creación de organismos estatales que las lleven adelante.

Todo esto aparece enmarcado en el descubrimiento y la asunción de nuevas formas de poder, opresión y asimetrías que no funcionan sólo “de arriba hacia abajo” ni entre “ricos y pobres” sino en otras direcciones y escenarios: el poder patriarcal como modo de dominación de los varones sobre las mujeres.

En la Argentina de hoy, respecto a todo esto, se da un proceso contradictorio: por un lado es necesario, es un desafío, romper todas las tendencias a naturalizar el tipo de sociedad y la estructura de sociedad dual, excluyente y desigual que se plasmó en las décadas pasadas; pero al mismo tiempo, reconocer los aprendizajes, avances y complejidades de lo que fue posible abordar como problemática y como lugar de derechos en el marco de la resistencia a esos procesos.

A la hora de pensar los desafíos de la distribución de la riqueza, entonces, se trata de combatir una forma de concebir la realidad en la cual inmensos colectivos resultan restos irrelevantes para la vida social. Y que, por ser despreciados, muestran lo que es el orden: un orden en donde ciudadanía y derechos están disociados; en donde aumenta la vulnerabilidad en el mercado de trabajo, en el hogar, en las relaciones sociales; donde se pierden los soportes de integración. Y donde ciertas explotaciones y opresiones, ciertas discriminaciones y marginaciones tienden a ser naturalizadas o invisibilizadas. Tal es el caso de los derechos de las mujeres y las implicancias de la equidad de género.

Mujeres y varones son afectados por los mismos problemas, pero además a las mujeres estos problemas las atraviesan diferenciadamente en cuanto mujeres. En este sentido, para las mujeres, parece haber un orden de “doble desprecio”. Soportan una doble opresión: de clase (económica, social), pero también de género.

Al mismo tiempo, mujeres y varones pueden hacer aportes diferenciales no sólo al diagnóstico y la definición de los problemas y realidades alternativas, sino al tipo de sociedad y de proyectos que hay que construir, y a las formas de construir poder y de luchar por un proyecto diferente.

Por eso, la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha de mujeres pero también de varones. Una lucha por la libertad y la igualdad de las personas. En la que ambos deben concientizar, sensibilizar, inducir a la sociedad a modificar tradiciones y actitudes enraizadas que prolongan la discriminación, y que tienen mucho que ver con la distribución del poder y con un horizonte donde la equidad de género está integrada a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de las diferencias.

La pobreza, la educación, la violencia, la participación política, los derechos reproductivos son áreas críticas para el desarrollo de la mujer y -por eso mismo- de toda la sociedad. Es importante por ello, enmarcar a los derechos de las mujeres como derechos humanos, para mostrarlas como ciudadanas plenas, participando en los asuntos sociales, políticos, económicos, jurídicos.

El abordaje de esta problemática es complejo y, más allá de los valiosos avances, tiende a volverse invisible al ojo del Estado, de las organizaciones sociales y de la sociedad.



Equidad de género
y distribución de la riqueza


¿CÓMO SE ARTICULAN ESTOS TEMAS CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA?

// En primer lugar, para ver esto es necesario preguntarse de qué manera se articulan, se relacionan y se interrogan mutuamente este conjunto de temas que afectan la calidad de vida y las diferentes posibilidades y oportunidades que una sociedad ofrece a varones y mujeres para desarrollarse con dignidad y autonomía.

// En segundo lugar, este conjunto de temas muestran que la importancia de la distribución de la riqueza va a acompañada a la necesidad de reconocer los límites del planteo, distribuir la riqueza es necesario pero no es suficiente para garantizar mejores condiciones de vida de la población, especialmente si se toma la perspectiva de las mujeres y, más aún, de las mujeres de los sectores populares.

// Implica ver cómo la cuestión de la distribución en términos económicos requiere no sólo una necesaria contrapartida en los político (distribuir el poder) sino también en lo simbólico. En este sentido, es necesario hablar no sólo de las luchas y los proyectos de distribución, sino también de los conflictos, luchas y propuestas por el reconocimiento.

// Finalmente, se trata de pensar no sólo la distribución de la riqueza, sino la generación de condiciones de apropiación, oportunidades de acceso y de disfrute de esos bienes distribuidos.

En este sentido, es necesario asumir la equidad de género en unas propuestas de distribución de la riqueza como desafío para Argentina y para las organizaciones sociales, permite enriquecer, complejizar y profundizar los planteos de cara a las apuestas por una sociedad más justa y una acción transformadora, de cara a la dignidad de todas y todos.

Porque las mujeres no sólo quieren, pueden y deben decidir sobre su cuerpo sino que además plantean las implicancias que la equidad de género tiene para:

  • la igualdad de las condiciones de trabajo.
  • la paridad en la toma de decisiones.
  • la equidad en el acceso a los cargos políticos electorales.

El diseño de políticas públicas y de proyectos sociales -y finalmente de modelos de sociedad, de democracia, de convivencia- que contemplen, en su diseño, en sus objetivos, en su modo de implementarse:

  • las situaciones y eventos históricos y sociales que afectarán de manera diferencial a varones y mujeres.
  • la situación, condición y posición de género de los implicados, así como los niveles de involucramiento de varones y mujeres.
  • las demandas planteadas por mujeres y varones, sobre la base de diseños participativos que contemplen la equidad de género.
  • la identificación de normas y patrones que afectan en formas diferenciadas a varones y mujeres. la división social del trabajo en los involucrados.
  • el acceso, uso y control equitativo de los recursos, bienes y servicios.
  • las tendencias democráticas de varones y mujeres la participación efectiva en términos equitativos en la toma de decisiones y la planificación y realización de actividades.
  • las explicitación de opiniones de los involucrados en relación a la equidad de género y los derechos de las mujeres.



Más igualdad /
Más oportunidades /
Más derechos


Por todo esto es que género no es sinónimo de mujer. Se trata más bien de una mirada cuestionadora de todas las relaciones sociales a partir de las asimetrías que se manifiestan en la relación de varones y mujeres en una sociedad.

En este sentido, es importante el concepto de articulación de la perspectiva de género, que no implica agregar un componente femenino a las actividades que ya existen simplemente “aumentando” la participación de las mujeres, sino examinar los significados y el impacto que tiene tanto para varones y mujeres cualquier tipo de acción pública planificada: legislación, políticas y programas.

Se trata de revisar las representaciones de varones y mujeres, cuantitativa y cualitativamente, que revelarán la existencia de estructuras jerárquicas y la falta de cumplimiento de compromisos asumidos.

Se trata también de disponer de recursos para profundizar los procesos de igualdad de oportunidades.

Se trata de analizar los valores dominantes de nuestra cultura, roles y estereotipos históricamente asignados a varones y mujeres para transformar estructuras y prácticas vigentes que son las que producen discriminación y subordinación.

Se trata de leer los conflictos y concebir las luchas para lograr la participación equitativa de todas y todos en el ámbito público y la equidad en el acceso a bienes políticos, culturales, económicos.

ATRAVESANDO FRONTERAS

Pese a que la mujer argentina y latinoamericana logró en el siglo XX conquistas fundamentales -voto, acceso a la educación y la universidad, ingreso al mercado laboral, presencia en cargos públicos- el siglo XXI se presenta como un camino lleno de desafíos. Hoy, no sólo busca salir del yugo doméstico, sino también superar la violencia, el abuso sexual, la discriminación laboral y salarial, la pobreza. Busca además la manera de conseguir igualdad en el acceso a cargos públicos y de gobierno.

Es en este sentido que no va a ser posible una integración de la región conformada por nuestros países del MERCOSUR en tanto y en cuanto un 50% de la población esté discriminada. La de género es una problemática ineludible para cualquier propuesta de cambio político-social. Las mujeres latinoamericanas sufren un sistema de doble opresión, debido a la vigencia de relaciones patriarcales y a la propia opresión del sistema capitalista.

Para una mejor integración debemos:
  • Incorporar el enfoque de género en las agendas económicas nacionales y en el sector empresarial promoviendo una mayor participación de las mujeres en las áreas de decisión.
  • Fortalecer el trabajo sindical en las políticas de igualdad de oportunidades, introduciendo la perspectiva de género en las negociaciones colectivas.
  • Promover la igualdad de género en el ámbito empresario, apoyar microemprendimientos de mujeres, poder contar con estadísticas confiables por sexo de la mano de obra femenina
  • Estudiar estrategias para incluir “la cláusula de género” en todas las instancias del Mercosur y elaborar mecanismos de protección de género en los futuros acuerdos que celebre el Mercosur.
  • Articular las organizaciones. En este sentido es que viene funcionando MARCO SUR donde coordinan ONG y redes regionales, unas con carácter de convocantes y otras como adherentes. Trabaja por equipos temáticos e integra: el Comité Internacional del Foro Social Mundial.
  • Elaborar y profundizar estrategias conjuntas de lucha contra la trata, tráfico y contrabando de mujeres niñas y niños a partir de la visibilización de la problemática en el ámbito del MERCOSUR.
  • Incorporar la perspectiva de género en los nuevos acuerdos fronterizos sobre la integración del MERCOSUR.
  • Generar conciencia acerca del impacto de la integración regional en el empleo de las mujeres en el área laboral.

La equidad de género de cara a la distribución de la riqueza en la Argentina es una necesidad para la sociedad, una exigencia para el Estado, un horizonte para la integración regional, Y UN DESAFÍO PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.


01 marzo 2007

El trabajo y los trabajadores en la etapa actual de Argentina

HABLEMOS DE SALARIOS

La distribución del ingreso que hoy tenemos en Argentina es la más desigual de la historia y es el resultado de las políticas económicas –implementadas desde la dictadura militar de 1976 en adelante– que destruyeron la ocupación y el salario que los trabajadores habían conquistado en décadas anteriores.
En el marco de una fuerte devaluación, en el año 2002 se inició una fase de crecimiento económico con un mayor peso relativo en la producción. Ésta redundó en una acentuada baja de la desocupación y la subocupación. Sin embargo, los salarios reales aún siguen sin recuperarse. De hecho, hoy en Argentina se puede trabajar y ser pobre o indigente al mismo tiempo.
Es fundamental reconocer la  problemática salarial en el centro del conflicto social y promover la recuperación el protagonismo de los trabajadores en la lucha por la recomposición del que ha sido el mecanismo por excelencia para la distribución de la riqueza en nuestro país.
Los desafíos que se plantean son equiparables a la cantidad de interrogantes que suscita esta cuestión en diversos sectores de la sociedad. ¿Cuáles son los límites y cuáles las posibilidades? ¿Qué vinculación tienen estos procesos con la recomposición de la autoridad del estado? ¿Hacia donde van las políticas en la materia del gobierno actual? ¿Cómo avanzar en la redistribución del ingreso si la inflación actual se presenta como obstáculo? Presentamos a continuación una serie de artículos periodísticos para abordar la problemática con una mirada histórica y política y seguir enriqueciendo los cuestionamientos.

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COMIENZA A REVERTIRSE LA BRECHA SALARIAL

La hora de los negros

Con datos de la EPH de INDEC, investigadores de FLACSO sostienen que los trabajadores no registrados han recuperado una porción mayor del salario perdido que los registrados y los estatales. Esto contradice el sentido común prevaleciente y proyecta significativas consecuencias políticas y sindicales. La brecha social no es irreversible, siempre que se superen los límites estructurales de un modelo de crecimiento basado en el tipo de cambio alto y los salarios bajos.

Por Horacio Verbitsky

Fuente: Página/12 - Domingo, 28 de Enero de 2007
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-79643-2007-01-28.html


Desde la devaluación de 2002 las remuneraciones de los trabajadores no registrados crecieron a una tasa superior a la de los registrados y a la de los empleados públicos. Este cambio de tendencia sugiere que el proceso de fragmentación de la clase trabajadora que comenzó con la dictadura militar y continuó con Menem-Cavallo-De la Rúa no es irreversible y que puede modificarse en el sentido de la recuperación de la homogeneidad social perdida, a pesar del efecto devastador de la devaluación de 2002. Pero ello requeriría una modificación de fondo en el modelo de crecimiento basado en el tipo de cambio alto y los salarios bajos. Estas afirmaciones, que contradicen el sentido común prevaleciente y la mayoría de los estudios públicos y privados, provienen del área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSOa), que dirige Eduardo Basualdo. Los autores del estudio, Nicolás Arceo, Ana Paula Monsalvo y Andrés Wainer, trabajaron a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sus conclusiones, que condicionarán los debates entre distintos actores políticos y sociales, constatan el efecto de la sostenida creación de empleo, en su mayoría registrado, y de los aumentos en el salario mínimo y de suma fija para el sector privado, que otros analistas desdeñaban como irrelevantes dada la aún elevada informalidad del mercado de trabajo.

Una verificación similar difundió la Sociedad de Estudios Laborales, SEL, que dirige Ernesto Kritz. Cada uno prevé efectos distintos. Mientras los investigadores de FLACSO entienden que estas nuevas condiciones en el mercado de trabajo abren buenas perspectivas para la lucha de la clase obrera argentina por mejores condiciones de vida (lo cual a su vez revaloriza la importancia de la lucha sindical), el consultor Kritz no avizora “demandas que pongan en riesgo el superávit fiscal”. Su análisis se centra en las contradicciones del indicador con los que surgen de otras fuentes, como el sistema integrado de jubilaciones y pensiones de la AFIP y el índice de salarios que difunde el propio INDEC. Kritz recomienda revisar la estadística de salarios del INDEC, lo cual sugiere que también él considera más confiable la Encuesta de Hogares del mismo organismo.

Medio siglo después

Hace medio siglo la Argentina era la sociedad más equitativa y de mayor integración social del continente, por encima de la mayoría de los países europeos. Con avances y retrocesos esta situación se mantuvo hasta el golpe de 1976. La recuperación de todo lo perdido no ocurrirá por la mera acumulación de crecimiento macroeconómico distribuido con irritante desigualdad, como lo demuestra la década pasada, y requerirá de decisiones de política económica más audaces e innovativas, pero lo que estos análisis demuestran es que no se trata de una meta imposible, siempre y cuando se avance sobre los límites estructurales del actual patrón de crecimiento.
A partir de las intensas luchas sociales y políticas de los últimos años de la década de 1960, que culminaron con el regreso del peronismo al gobierno en 1973, los salarios reales crecieron por encima de la productividad. Esto redujo la tasa de ganancia del capital y fue una de las causas centrales del golpe de 1976, cuyo gobierno abandonó el modelo de sustitución de importaciones y adoptó un patrón de crecimiento basado en la especulación financiera, que transformó en forma drástica las relaciones entre capital y trabajo. Su política, que Guillermo O’Donnell caracterizó como de “revancha social”, implicó un forzado disciplinamiento de los sectores populares, por medio de la represión dictatorial, la apertura externa y la desregulación económica. El objetivo de reducir los salarios para recuperar la tasa de ganancia aglutinó en torno de la Junta Militar y su ministro Martínez de Hoz a todas las fracciones del capital.

Punto de quiebre

En este terreno la dictadura mostró resultados inmediatos. La devaluación del 80 por ciento mientras se congelaban los salarios redujo nada menos que 18 puntos la participación de los asalariados en el producto ya en 1976. Muchas veces desde 1955 ajustes similares habían producido efectos parecidos aunque de menor intensidad, que luego eran revertidos por la lucha popular. La última dictadura se propuso terminar con esos forcejeos y redefinir de modo irreversible la relación entre capital y trabajo. Para ello, impulsó una transformación estructural del patrón de crecimiento, favorecida por las condiciones de extraordinaria liquidez del mercado financiero internacional. Este fue el objeto de la reforma financiera que en 1977 desnacionalizó los depósitos bancarios, de la apertura externa que expuso el aparato productivo a los vientos del mundo, del endeudamiento externo y del atraso cambiario. La producción industrial dejó de ser así el eje de la actividad económica. Si en 1974 representaba casi el 23 por ciento del Producto, en 2001 apenas superaba el 15 por ciento.

El paraíso perdido

La mano de obra industrial, que en 1976 era de dos millones de asalariados, podría haberse duplicado en 2001, si sólo se hubiera mantenido su tasa de crecimiento de la década anterior. En cambio, cayó a setecientos mil, es decir un tercio de lo que fue y un sexto de lo que pudo haber sido. Uno de los datos más llamativos de la situación actual es la recuperación del empleo industrial luego de tres décadas de contracción continua.
En el contexto de desarticulación productiva y pérdida de relevancia del mercado interno que produjo la dictadura, la reducción en los niveles de empleo fue acompañada por una contracción de los salarios reales. Desde el golpe del 76 hasta el desgobierno de De la Rúa se contrajeron a una tasa anual del 0,6 por ciento. “El cambio estructural o punto de quiebre en la evolución de la serie se registra en el año 1976, en el cual los salarios reales se redujeron un 35,6 por ciento”, dice el estudio.
La devaluación de 2002 volvió a modificar el patrón de crecimiento de la economía y los precios relativos. Entre 2002 y 2005, la economía se expandió un 30 por ciento, pero los sectores productores de bienes crecieron cerca de un 40 por ciento, casi el doble que el 20 por ciento del sector servicios. Esto invierte los resultados de la década anterior. En un contexto de reducidas tasas de interés en todos los mercados del mundo, la rentabilidad relativa de las inversiones productivas aventaja ahora a la de las financieras.

Sobre llovido, mojado

Pero la magnitud de la devaluación produjo una nueva transferencia masiva de recursos desde el trabajo al capital, de seis puntos porcentuales del Producto entre 2001 y 2005, lo que agudizó la inequitativa distribución del ingreso de los años de la convertibilidad.
Los salarios se redujeron en 2002 casi en una cuarta parte y los costos laborales de la industria más de un tercio, con el consiguiente incremento en la tasa de ganancia industrial. “Los salarios reales recién comenzaron a recuperarse hacia finales del 2003, impulsados fundamentalmente por la política oficial de ingresos (básicamente: los incrementos de suma fija en los sueldos del sector privado y las subas del salario mínimo, que se articularon con un cierto dinamismo en materia de negociaciones colectivas en diferentes sectores económicos)”, dicen los autores. Aun así en el primer semestre de 2006 no habían recuperado todo lo perdido por la devaluación.
El nuevo patrón de crecimiento de la economía incluye una elasticidad empleo-producto más elevada que la que rigió durante el plan de convertibilidad. Es decir que por cada punto de crecimiento del producto es mayor que entonces el porcentaje de incremento del empleo. Luego de la previsible fuerte recuperación posterior al colapso de 2002, la elasticidad empleo-producto ha sido más moderada, pero a partir del segundo trimestre de 2005 ha vuelto a crecer y hoy está en niveles similares a los de 2003 y 2004. Más allá del efecto rebote de la crisis, no sólo ha crecido la industria sino también los servicios, aunque a un ritmo inferior. Ambos han ido muy por detrás de la construcción en la creación de empleo. Las ramas industriales que más crecieron durante la convertibilidad son las de mayor estancamiento relativo ahora, y a la inversa.

Secuelas

En el período 1991-2001 el volumen bruto de producción industrial se contrajo a una tasa anual acumulativa del 1,5 por ciento, mientras que entre 2002 y 2005 creció a una tasa acumulativa del 4,8 por ciento cada año. Algo similar ocurrió con el empleo: durante la convertibilidad se contrajo un 3,5 por ciento acumulado anual y se expandió a un 7,3 por ciento acumulativo anual en el período posterior. Esta recuperación del empleo industrial se basó en el crecimiento de sectores que sustituyen importaciones con un uso intensivo de mano de obra.
Pero la devaluación en sí no es una política económica. Pese a todo lo que ha cambiado, quedan rasgos de la etapa anterior. Por ejemplo, el extraordinario crecimiento de la demanda y de los niveles de empleo no se originó en el consumo de los sectores populares sino en el de los de altos ingresos y en la demanda externa de productos primarios. El tipo de cambio elevado, que el gobierno mantiene pese a todas las presiones en contrario, tanto políticas como de mercado, explica, junto con los bajos salarios reales y la reducción de los costos de producción, la recuperación significativa de la mayor parte de los sectores industriales afectados por la apertura externa y por la apreciación cambiaria de la década anterior. Otra de las secuelas de entonces es que las ramas industriales que más dinamismo mostraron en la recuperación del empleo fueron aquellas volcadas a la exportación, aunque las que producen para el mercado interno hayan liderado la expansión industrial. Mientras se discute sobre las causas posibles de esta modificación de comportamientos tradicionales, lo indudable es que en los sectores que producen para el mercado interno fue mucho más elevado el incremento de la productividad. Aun con su menor dinamismo, las ramas que producen para el mercado interno tienen un mayor peso relativo en el conjunto de la industria y explican casi la mitad de los puestos de trabajo generados. Otra novedad es que las ramas industriales orientadas al mercado mundial, pese a su mayor intensividad en el uso del capital, deben su expansión no sólo a la abundancia de recursos naturales sino también a la disponibilidad de mano de obra a bajo costo en términos internacionales.

Hecatombes

Desde el rodrigazo de 1975 y el golpe de 1976 se han sucedido periódicos momentos catastróficos en los que los trabajadores perdieron empleos, ingresos y posición relativa frente al capital. Después de cada hecatombe la recuperación ha sido lenta e incompleta y la clase trabajadora emergió cada vez más fragmentada. La última crisis empeoró una vez más las condiciones laborales, pero desde mediados de 2004 comenzó una paulatina reversión. Esta semana el Ministerio de Trabajo informó que en 2006 el empleo privado registrado había crecido un 7,7 por ciento. Según los investigadores de FLACSO, entre mayo de 2002 y el primer trimestre de 2006 el 53 por ciento de los 1,1 millones de empleos privados que se crearon fueron registrados, lo cual invierte la tendencia vigente durante la convertibilidad, cuando el empleo no registrado se implantó como el rasgo dominante del mercado de trabajo.
El empleo no registrado retrocede, pero sus remuneraciones no. Los datos de la Encuesta de Hogares de INDEC indican que desde la devaluación los no registrados mejoraron sus remuneraciones a una tasa superior a la de los registrados, con lo cual comienza a reducirse la brecha entre ambos. Pero el gráfico que muestra esta evolución también indica que a pesar del fuerte crecimiento de los últimos años aún no se han recuperado los niveles salariales previos a la devaluación.

Límites estructurales

La recuperación ha sido más profunda y acelerada de lo que nadie había imaginado y sus efectos políticos están a la vista. Pero también es ostensible que se está llegando a un punto que no se podrá dejar atrás sin cambios de fondo. El fuerte crecimiento económico de los últimos años ha reducido el desempleo, la pobreza y la indigencia pero sin revertir la fuerte inequidad distributiva que se instaló en 1976, por más que el incremento del empleo y, en menor medida, de los salarios, permitió recuperar en forma parcial la participación de los trabajadores en el producto. Si el desempleo masivo produjo la fragmentación de la clase trabajadora, la reducción del ejército de reserva mejora la capacidad de lucha y negociación de los asalariados. Es posible que al terminar este año la desocupación haya descendido al 8 o al 9 por ciento, ya sin planes, por lo cual los próximos avances no deberían esperarse del empleo sino de una mejora salarial. Ahí es donde la lucha reivindicativa de la clase trabajadora choca a mediano plazo con los límites estructurales del actual patrón de crecimiento, en el que la recuperación del sector manufacturero y sus altas tasas de ganancia se basan en la reducción del costo laboral. Sin una política integral de desarrollo industrial, sólo la moneda devaluada y los salarios reducidos compensan la falta de competitividad internacional de buena parte de la industria. Que el crecimiento manufacturero reciente haya sido liderado por los sectores de menor productividad, volcados al mercado interno, estrecha aún más la posibilidad de un incremento significativo de los salarios en el mediano plazo. Sólo un programa orgánico e integral de desarrollo, con una reindustrialización basada en nuevos sectores y actores, dirigida a satisfacer necesidades del consumo popular masivo y no sólo el consumo sofisticado de los sectores de altos ingresos, y una inserción menos pasiva y subordinada en el mercado mundial, permitirían sostener un incremento significativo de los salarios reales que mejore la distribución del ingreso sin afectar el crecimiento.

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Los salarios no muerden


Por Claudio Scaletta

Fuente: Suplemento CASH – Página/12 - 28 de Enero de 2007 www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-2814-2007-01-28.html


La discusión salarial que se viene, con las dos partes ya atrincheradas haciendo saber sus posiciones de máxima para iniciar la negociación, revive una vez más el debate sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, las elevadas utilidades de las empresas, las ganancias de productividad y el supuesto impacto de un ajuste de sueldos en la inflación. Como se viene repitiendo en los últimos dos años, cuando empezó a pelearse con intensidad el salario en la economía, preconceptos y mitos pasan a dominar el escenario laboral. En ese contexto, vale la pena empezar a despejar el horizonte de nubes que solamente sirven para confundir y, por lo tanto, distorsionar un debate clave en un momento muy sensible por ser un año electoral.

Devaluación y distribución

Históricamente los procesos devaluatorios han perseguido mejorar la competitividad externa aumentando la rentabilidad empresaria. El punto clave tras una devaluación consiste entonces en evitar que los aumentos de precios esterilicen los efectos benéficos conseguidos por la mejora cambiaria. Como saben los bolsillos asalariados, la mejora de la competitividad externa surge –al menos en el período inmediato posterior al ajuste del tipo de cambio– de la caída de los costos salariales medidos en moneda extranjera, lo que desencadena la también inmediata disputa por un nuevo reparto del ingreso. Siguiendo esta línea argumental, si el poder negociador de los asalariados es bajo, por ejemplo como consecuencia del alto desempleo provocado por una larga recesión, puede preverse que será más factible mantener el nuevo margen de rentabilidad empresaria.
Este es el análisis estático, la foto del momento inicial de la devaluación. Si la película se pone en movimiento, puede esperarse que el crecimiento de los sectores exportadores dinámicos induzca una reactivación general de la economía. Es decir, crecimiento económico, aumento de la demanda de mano de obra y, consecuentemente, del poder negociador de los asalariados.
La economía local reflejó cabalmente esta secuencia muy general que permite predecir la teoría. Luego de dejar que el mercado de trabajo se reacomode tras la crisis y frente a un sector asalariado sumamente debilitado por la combinación de altas tasas de desempleo e informalidad, el Estado intervino primero, con los aumentos de suma fija por decreto –o sea, consiguiendo para los asalariados lo que no podían obtener por sus propios medios– y luego, una vez recuperado parcialmente el poder negociador de los trabajadores, intentando consensuar topes a las demandas sindicales y pisos a la “generosidad” empresaria.
En 2006 el consenso alcanzado giró en torno del 19 por ciento. Para 2007 se esperaba un acuerdo del orden del 15 por ciento, un techo que los trabajadores –los organizados y en blanco– no están dispuestos a aceptar. Esta semana, luego de reunirse con el ministro Carlos Tomada, el titular de la CGT, Hugo Moyano, expresó que la discusión salarial no tendrá “tope ni piso” y que los distintos gremios negociarán de acuerdo a sus posiciones de poder relativas. No son pocos quienes, incluso dentro del Gobierno, creen que si existe algún límite inferior, se ubicará cerca del 20 por ciento.

Crecimiento y distribución

El PIB, es decir el valor generado por el conjunto de la economía fronteras adentro, ya se encuentra en 17 puntos por encima del máximo histórico de 1998 (y ahora nadie sospecha sobrevaluación, como ocurría durante el 1 a 1). La desocupación está lejos del techo de 21,5 por ciento tocado en 2002, en plena crisis. En 2007 se espera su descenso al 9 por ciento. En síntesis, existe más valor generado y los asalariados tienen más poder para reclamar su participación.
Frente a este escenario, comenzaron a oírse voces de advertencia sobre los peligros de aumentos salariales más allá de cierto tope. El argumento es conocido: más salarios es igual a más inflación, lo que socavaría las bases mismas del modelo económico.

Más salarios, más inflación

Un ejemplo paradigmático de la posición que asocia los aumentos salariales con mayor inflación fue presentado por SEL Consultores, el centro de estudios que dirige el reconocido economista Ernesto Kritz, en su Newsletter sobre la situación laboral y social de la Argentina del pasado octubre. En un año electoral como 2007, advierte SEL, sólo se podrá combinar crecimiento con baja inflación manteniendo a raya los salarios formales, más cuando en 2006 se soltaron las riendas.
El boletín detalla que la masa salarial formal, que representa “el 60 por ciento de la total”, creció durante el primer semestre del año pasado a una tasa interanual del 23 por ciento, ritmo iniciado en el último trimestre de 2005 y que no se detuvo en la segunda mitad de 2006. Para las empresas, más salarios formales significaron mayores costos unitarios por unidad de producto, ya que los aumentos en las retribuciones superaron a los de la productividad, la que incluso habría caído. Inmediatamente, la investigación indaga por qué estos aumentos de costos no se trasladaron a precios para evitar “recortes de rentabilidad” empresaria. Con honestidad intelectual se responde que probablemente se haya debido a “la existencia de un margen de absorción originado en la caída post devaluación del costo laboral”, idea que sustentaría la lógica de los controles de precios gubernamentales. Asumiendo lo que hubiese resultado difícil negar, la pregunta es cuánto margen de rentabilidad resta antes de que los empresarios quieran recuperarla por la vía de las remarcaciones. La respuesta no es unívoca debido a que “el mapa del costo laboral es heterogéneo”. Según reseña SEL, comparado con los niveles de 2001 el margen es obviamente mayor para los sectores transables (exportadores) y menor e incluso negativo para los no transables (el grueso de los servicios), pero en promedio la rentabilidad empresaria “parece estar en niveles similares a los pre devaluación”. La propuesta de política que se sigue, en consecuencia, es establecer “límites políticos” a las pretensiones de aumento salarial.

Más salarios, ¿más inflación?

Hace pocos días el Cenda, un centro de estudios integrado por docentes e investigadores de la UBA y de la Flacso –que ambiciona la poco habitual, y por cierto necesaria, tarea de integrar la discusión teórica con el análisis de coyuntura– elaboró un documento que critica la asociación directa entre aumentos de salarios e inflación. En su primera parte, el dossier apunta sus dardos contra la Newsletter del SEL.
De los reparos metodológicos –algunos ya insinuados en el propio documento del SEL, como el centrar el análisis en el trabajo registrado según los datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP)– surgen algunas conclusiones interesantes. La principal es que si en vez del SIJyP se utiliza la Cuenta de Generación del Ingreso publicada recientemente por el Indec, la que también cubre el universo de los trabajadores en negro, el costo laboral real no sería en promedio 1,2 por ciento mayor que en 2001, como sostiene el trabajo de Kritz, sino cerca del 10 por ciento menor, a la vez que la productividad no resulta inferior a la de pre crisis, sino similar y con tendencia ascendente desde 2002. De esta manera, para el conjunto de la economía el costo laboral unitario sería 13,4 por ciento menor que en 2001. Además, los salarios medios en términos reales “se encuentran el 7,9 por ciento por debajo de los vigentes en 2001, un 4,3 por ciento retrasados respecto del promedio de los ’90 y son un 9 por ciento inferiores al promedio de los últimos 45 años”.
También se agrega que, asumiendo la citada heterogeneidad del mapa laboral, los sectores en los cuales la incidencia del costo salarial es mayor que en 2001 son, en su gran mayoría, los servicios que reciben subsidios, precisamente para garantizar rentabilidad empresaria y que los mayores costos no se trasladen a precios. Pero adicionalmente, y al margen de los subsidios, se trata de sectores regulados por el Estado, lo que impide de todas formas los traslados a precios.
Las críticas metodológicas muestran que, aun aceptando los términos de SEL y bajo el supuesto fuerte de que el nivel de distribución óptimo es el de 2001, todavía existe margen para avanzar en la participación del salario en el ingreso. Sin embargo, el aporte más potente del Cenda reside en su crítica teórico-conceptual al carácter inflacionario de los aumentos salariales. Y lo más interesante de esta crítica es que se basa en los postulados de la teoría económica convencional.
Para la ortodoxia, destaca el Cenda, “los precios son proporcionales a la cantidad de dinero en situaciones de pleno empleo, pero no cuando hay desocupación. En este último caso, una política monetaria expansiva no genera necesariamente inflación”. En otras palabras, insiste el documento, los aumentos en la cantidad de dinero no son siempre una razón suficiente para explicar los aumentos de precios, pero sí una condición necesaria. “Si no aumenta la cantidad de dinero es imposible que los aumentos en la demanda se conviertan en aumentos en los precios.” Por lo tanto, se reafirma, para que mayores salarios generen inflación se requiere su coexistencia con una política monetaria expansiva. De no ser así, la inflación es imposible desde el punto de vista contable.

Culpables

En el Informe de Inflación del BCRA para el primer trimestre de 2007 difundido esta semana puede leerse: “El ritmo de expansión del M2, definido como la suma del circulante en poder del público y los depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorros, en pesos, de los sectores privado y público, se redujo alrededor de 6 puntos porcentuales en el año 2006”. También que “el Banco Central continuará en 2007 manteniendo un riguroso control de la evolución de los agregados monetarios, mediante la esterilización de los excedentes en la oferta monetaria que pudieran surgir producto de la acumulación de Reservas Internacionales”.
En otras palabras, no hubo en 2006 y no hay señales a la vista en 2007 de políticas monetarias expansivas. La banda de inflación prevista por el BCRA se sitúa entre el 7 y el 11 por ciento. Las consultoras que participan del REM –“el mercado”– la bajaron en los últimos meses del 12 al 10 por ciento, con un crecimiento del PIB de alrededor del 8 por ciento.
Si se descarta teórica y contablemente la explicación de la inflación por los aumentos salariales, que no representan más que la histórica puja por la distribución del ingreso, no queda más que volver al reacomodamiento de los precios relativos que caracteriza a los períodos post devaluatorios. En el caso de la economía local, aunque no solamente, la clave podría buscarse en las estructuras de mercado oligopólicas. Desde la teoría económica convencional –otra vez– puede decirse que el problema de la inflación reside entonces en la “falla” de los mercados en los que algunos actores tienen poder suficiente para determinar precios al margen de la preconizada ley de la oferta y la demanda en los míticos mercados competitivos.

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DEBATE SOBRE LA RELACION INFLACION-AUMENTO DE SUELDOS

“Existen tensiones de demanda”
Ernesto Kritz / Director de SEL Consultores

“Está claro que sería una gran simplificación reducir los determinantes de la inflación a la cuestión de los salarios. También es correcto considerar que para que exista inflación, en términos globales, tiene que haber una política monetaria expansiva. Sin embargo, no puede negarse que aumentos de salarios, sobre todo en un contexto de expansión vigorosa del empleo, por encima del crecimiento de la oferta de bienes, pueden generar tensiones inflacionarias de demanda. En 2006 la masa salarial aumentó 33 por ciento frente a un incremento del PIB de 8 por ciento (y 23 por ciento en términos nominales). Por el lado de la oferta, como se vio durante el año pasado y motivó la intervención estatal, la reacción de los empresarios cuando el costo laboral o cualquier otro costo crece más que los precios de productor es tratar de mantener su rentabilidad trasladando hasta donde pueda a precios. Si no hay margen de absorción, la alternativa es renunciar rentabilidad. En este sentido, la rentabilidad actual no es la de 2002, sino que se ha reducido desde niveles inicialmente extraordinarios. Esto es inverso a la evolución del costo laboral real.”

“Hay una rentabilidad extraordinaria”
Pablo Ceriani / Investigador del Cenda y profesor de la UBA

“Los aumentos salariales no pueden generar inflación per se. Su efecto fundamental es un cambio en la distribución del valor agregado por la producción a favor de los trabajadores. Los niveles de rentabilidad aún se mantienen en niveles extraordinarios respecto del 2001 (de acuerdo con nuestras estimaciones para la industria) mientras que la distribución del ingreso sigue siendo fuertemente regresiva. Proponer que el Gobierno nacional intervenga en las negociaciones paritarias supone frenar un proceso virtuoso desde el punto de vista de la equidad social. Hasta hoy, los aumentos salariales no han sido la causa de la inflación, sino más bien su consecuencia: se trata de aumentos defensivos destinados a recuperar la caída del poder adquisitivo con posterioridad a la devaluación. Desde ya, esto no implica que el Gobierno no deba tener una política activa en materia de precios, ya que la inflación es un problema para la economía en general y para los trabajadores en particular. De lo que se trata es de contener las ganancias extraordinarias. El reciente aumento de las retenciones a la exportación de soja, por ejemplo, está en la dirección correcta.”

“No caer en la trampa de la coyuntura”
Javier Lindenboim / Director del Ceped (Centro de Estudios sobre la Población, el Empleo y el Desarrollo)

“En materia de salarios e inflación es importante no caer en la trampa de la coyuntura. Observar, por ejemplo, lo sucedido en 2006 y predecir lo que puede suceder en 2007 no es el punto, es en todo caso una parte muy pequeña del relato. Por eso, en la discusión resulta clave dónde se ubica el punto de partida, si en 2006, en 2001 o a principios de los ’90 o de los ’70. Mi opinión es que debe considerarse lo sucedido con la productividad del trabajo, con la rentabilidad del capital y la remuneración a los trabajadores en un período largo. Las cifras oficiales muestran una caída constante en la participación de los trabajadores en el total del ingreso. Esto se contrapone con la tendencia siempre creciente que, salvo períodos acotados, ha mostrado la productividad del trabajo. El componente favorecido, por supuesto, fue la rentabilidad del capital. Aunque esta apropiación de renta es tan heterogénea como el capital –no es igual en los sectores concentrados que en las pymes–, en términos globales existió un largo proceso de apropiación de la renta de los trabajadores, quienes permanentemente han perdido en el reparto de la torta global.”
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19 febrero 2007

Las organizaciones sociales y la política

APORTES DESDE LAS
ESCUELAS DE CIUDADANÍA
El pasado sábado 17 de febrero, el diario Página/12 publicó una nota de J. M. Pasquini Durán en donde se citan reflexiones surgidas en los ámbitos de las Escuelas de Ciudadanía y de Espacio NOA, ambas inciativas animadas por el Centro Nueva Tierra y sostenidas por dirigentes de organizaciones sociales de diversos puntos del país. Las fuentes de referencias en cuestión son los documentos "PARTICIPACIÓN POPULAR EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: LO LÍMITES Y LOS UMBRALES" y "PARA PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA" (este último, desarrollado en el marco de las accciones de la Escuelas de Ciudadanía de Formosa en pos de la reforma política provincial). Ambos están disponibles en el nuevo "blog" MAPAS: www.ciudadania.org.ar/mapas 
 

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El país
|Sábado, 17 de Febrero de 2007
PANORAMA POLITICO

AGITACIONES

Por J. M. Pasquini Durán
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Aunque no hay información exhaustiva, alcanza con repasar las crónicas cotidianas para tomar nota de los elevados índices de conflictividad social. Dado que es un arco muy amplio de actores y demandas –desde los vecinos de Gualeguaychú hasta los trabajadores del Clínicas porteño–, la nómina es inabarcable y ni siquiera es posible juzgar la pertinencia o legitimidad de cada reclamo particular, salvo en algunos episodios que alcanzan mayor difusión mediática, ya sea porque son de tiempo prolongado o porque sus métodos de protesta o reclamo consiguen llamar la atención, casi siempre por el corte de rutas y calles en momentos de tránsito intenso. Por otra parte, las trifulcas bandoleras de “barras bravas” suelen ocupar más espacio informativo que los reclamos de reforma agraria de los campesinos de Santiago del Estero o del Frente Social para la Victoria en Corrientes que encabeza el cura José Luis Niella.

Lo más común en este tipo de análisis, durante bastante tiempo, consistía en adjudicarle a esa movilización de base, a priori, una razón implícita e indiscutible de justicia y de aliento transformador. Después de la crisis institucional en el primer año del nuevo siglo, la reflexión crítica también asoma en quienes siguen de cerca, incluso con ímpetu solidario, las evoluciones del movimiento popular. Una publicación del Centro Nueva Tierra, de inspiración cristiana radicalizada, sobre el tema de la “Participación Popular en las Políticas Públicas”, apunta lo que sigue: “¿Por qué suponemos que todos los cambios que vienen de abajo son buenos? Los cambios vienen de quienes deciden cambiar. No surgen siempre desde abajo hacia arriba... {...} ..Actualmente, en unas cuantas áreas de problemáticas y de conflictos en nuestro país, la sociedad está por detrás del Estado”. Los autores no pertenecen a ningún “espacio K” sino al “colectivo de formadores de la iniciativa llamada Escuelas de Ciudadanía” y las reflexiones fueron recogidas de un encuentro en el Noroeste argentino.

En un esquema de análisis y de sentido muy diferentes, el sociólogo Julio Godio, director del Instituto del Mundo del Trabajo, revisa en más de 400 páginas los sucesos y tendencias de “El tiempo de Kirchner” para concluir así: “Parecería que ahora se comienza a pensar seriamente –gracias a la ‘dolorosa oportunidad’ que abrió la crisis de 2001– que garantizar la gobernabilidad implica una hegemonía que excluya la tentación de caer en la vana ilusión de que la política es puro dominio. La revolución desde arriba de Kirchner parece decidida a transformarse en una revolución desde abajo”. Conceptos distantes, por cierto, de las apreciaciones del ensayista Natalio Botana sobre el posible devenir: “Del imperium de los gobiernos electores en la época del orden conservador, ahora, más atenuado, hemos pasado al imperium de gobiernos (presidente y gobernadores) sobre el régimen institucional. En uno y otro caso siempre sobresale la hegemonía gubernamental” o lo que define también como “principado popular poco atento a las restricciones institucionales” (Poder y hegemonía, El régimen político después de la crisis, ed. Emecé).

Después de repasar hechos y citas, puede apreciarse que los relatos de la política diaria, ajenos a las disquisiciones intelectuales y académicas, siguen ensimismados, con pocas excepciones, en el calendario electoral. Para volver a los dos casos mencionados –Gualeguaychú y Hospital de Clínicas–, entre tantísimos otros, salta a la vista que permanecen ausentes de los discursos políticos y no se conocen propuestas o proyectos que permitan distinguir las aplicaciones prácticas de las diversas ideologías. ¿Será posible que la derecha no tenga más propuesta que la disciplina social y que la izquierda sólo aporte la adhesión bullanguera?

Por lo que puede verse, los múltiples afluentes del movimiento popular circulan por carriles distintos a los de la política, pero no sólo por la presumida indiferencia de los políticos profesionales. También en esas bases movilizadas no hay más voluntad que para conseguir lo particular inmediato, sin reconocer que lo propio, aunque sea satisfecho, no habrá modificado nada sustancial en el conjunto y que, por ello, lo más probable es que lo propio, pasado un tiempo, vuelva a ser insuficiente. Ocurre que las políticas públicas necesitan articular intereses diversos, hasta contrapuestos, y por lo tanto toman distancia de lo micro, de lo propio de cada uno. Dicho de otro modo: es lícito buscar la satisfacción de la reivindicación inmediata, con la condición de seguir avanzando hasta “meterse” en la puja por la gestión del gobierno y del Estado, o sea en el pleito político, lo cual no implica necesariamente una afiliación partidaria, para tratar de que las políticas públicas hagan el promedio a favor del bien común. El ejercicio de esa influencia es lo que aplican cada vez que pueden los empresarios más poderosos, pero a su favor, siempre detrás de “lo propio”, ellos también, aunque lo suyo es la tajada más grande.

Entre los resultados de las crecientes revisiones críticas de las prácticas de lucha popular surgió una evidencia empírica: es equivocada la leyenda que concibe puro al movimiento social y pecaminosa a la política. Según la Escuela de Ciudadanía de Formosa, “para profundizar la democracia” hay que combatir las prácticas del clientelismo, pero no sólo en la gestión de gobiernos y Estados, sino, además, en “los partidos, los sindicatos, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones empresarias. El de las mismas organizaciones de base. No se trata de que todos tengan la misma responsabilidad. Pero sí se trata de reconocer que las prácticas clientelares son reproducidas por muchos de quienes las critican”. En un año de elecciones, conviene andar con el ojo alerta hacia todos lados, porque el clientelismo pervierte la condición ciudadana debido a que sólo reconoce a las personas como emisores de voto, sin más derechos o deberes.

Pese a todos los defectos de muchos de sus practicantes profesionales, hay que reivindicar la política, del mismo modo que debe reconocerse el rol del Estado y contribuir a su rápida reconstrucción sobre bases modernas y transparentes. De lo contrario, aparecerán sustitutos circunstanciales que, más allá de sus contribuciones positivas, serán siempre suplentes y transitorios. El obispo Felipe Piña en Misiones y ahora el cura Niella en Corrientes, donde mañana, domingo, se eligen constituyentes, han cumplido valiosos roles cívicos, pero sus liderazgos indican la incapacidad de la política para encontrar en su propio seno a quienes puedan cumplir esos roles. En el reverso de la misma incapacidad figuran los políticos anacrónicos que son reciclados por los partidos o por el mismo gobierno, acuciados por la contabilidad electoral. Suele argumentarse que el poder y la política no pueden dejar espacios vacíos, pero quizá ésa sea otra leyenda, a lo mejor adecuada para el país anterior. Hoy en día, ¿no sería un impulso a la renovación, un acto de docencia cívica, que el oficialismo apoye candidatos donde tenga del palo de la nueva convergencia y deje la silla vacía ahí donde la única posibilidad es más de lo mismo? Elegir lo viejo porque no hay nuevo, ¿no será, al final, retardar todavía más la aparición de la novedad?

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